viernes, 8 de enero de 2010

¿Quién ganará en Chile? IV

Piñera: 'no es pecado haber trabajado con Pinochet'
1 hora, 12 minutos
SANTIAGO (AFP) - El candidato derechista Sebastián Piñera, favorito para ganar el balotaje del próximo 17 de enero en Chile, señaló que en un eventual gobierno suyo no se considerará pecado haber desempeñado cargos durante la dictadura de Augusto Pinochet, posición que generó polémica en plena carrera electoral.

"La verdad es que el hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno militar no es pecado, ni es delito; lo que es pecado son los que cometieron delitos, por ejemplo los que atropellaron los derechos humanos", dijo Piñera en una entrevista con la Televisión Nacional de Chile.
El candidato mostró un giro ante una postura inicial frente al tema, cuando señaló que era "poco probable" integrar en su eventual equipo de gobierno a ex colaboradores de Pinochet.
Su postura inicial estaba en línea con lo expresado con su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, quien cerró la puerta a cualquiera que hubiera tenido un cargo en el régimen militar.
"No va a hacer un gobierno con gente que participó o tuvo cargos de primera importancia y probablemente de segunda y tercera (en la dictadura)", señaló Hinzpeter.
Pero descartar de plano a esos funcionarios dejaba en una incómoda posición a Piñera dentro de un alianza de derecha donde parte de sus miembros colaboraron con la dictadura de Pinochet, en especial miembros de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Tal es el caso de Joaquín Lavín, ex alcalde de la rica comuna de Las Condes en Santiago, quien colaboró en temas económicas con la dictadura de Pinochet, y que figura hoy como uno de los voceros del comando de Piñera.
Lavín, que estuvo cerca de convertirse en presidente de Chile y que en los últimos años ha moderado su apoyo a la dictadura, suena como uno de los más fuertes candidatos para integrar un futuro gabinete de Piñera, tal como el senador Pablo Longueira, quien trabajó como asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la era Pinochet.
En igual situación está el economista Cristián Larroulet, quien cumplió funciones en el ministerio de Hacienda de la dictadura y es uno de los posibles candidatos a encabezar esa cartera en un eventual gobierno de Piñera.
El empresario se vio obligado a definirse sobre este tema tras trascender a comienzos de esta semana un intercambio de mails con el reconocido cientista político Patricio Navia, ligado a la centro-izquierda, quien comprometió su apoyo a Piñera en el balotaje a cambio de que él se comprometiera a no formar un gobierno con los 'pinochetistas'.
Piñera aceptó esta petición y se comprometió a que la mayoría de los colaboradores de su eventual gobierno "sería gente joven, que eran muy niños en el gobierno militar".
"Si habrá algún ministro del gobierno militar en este nuevo gobierno, lo más probable es que no, por una razón muy simple: éste es un gobierno nuevo, que está mirando al futuro y que le abrirá las puertas a una nueva generación" aunque "habrá algunas canas", señaló Piñera este viernes, volviendo a matizar su postura.
El empresario no participó de la dictadura y votó NO en el plebiscito que consultaba sobre la continuidad en 1988 de la dictadura de Pinochet.
Piñera, que compite por segunda vez, es el favorito para adjudicarse el próximo balotaje. Los últimos sondeos le dan entre un 46 y un 48%, frente a un 40% del oficialista Eduardo Frei.


El Gobierno chileno presentará 24 querellas por casos de ejecutados políticos
jueves 7 de enero, 07:59 AM
Santiago de Chile, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Chile presentará en los próximos días 24 querellas por otros tantos ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de los que diez no habían llegado nunca ante los tribunales de Justicia.
Así lo adelanta hoy el diario gubernamental "La Nación", que precisa que las querellas serán presentadas por el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en nombre "de la sociedad chilena" contra quienes resulten responsables de esos delitos, catalogados "de lesa humanidad".
Las querellas serán sustentadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y son las primeras que dicho organismo patrocina en casos de ejecutados políticos o de detenidos desaparecidos.
Serán además las primeras acciones legales que emprende el Gobierno en el marco de las facultades que le otorgó la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Según el periódico, en estos casos podrían ser procesados agentes represores de la dictadura (1973-1990) que hasta ahora han logrado permanecer al margen de los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Hasta el momento, 779 antiguos agentes han sido enjuiciados en Chile y 279 han sido condenados en un total de 297 juicios por violaciones de los derechos humanos, que están a cargo de 22 jueces especiales.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet unas 2.279 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 tienen la condición de detenidos desaparecidos, según estableció el informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La Comisión Rettig y la Comisión Valech, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos también durante la dictadura de Pinochet, serán reabiertas en las próximas semanas y durante seis meses, por iniciativa del Gobierno, para recoger nuevos datos, desconocidos hasta ahora.
La educación pública y la reforma de aguas
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, con miras al ballottage del 17 de enero, anunció ayer el envío al Congreso de dos proyectos de ley que formaban parte del programa de gobierno del ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, con el aparente fin de conquistar el 20 por ciento de sus electores a favor de su candidato Eduardo Frei.Enríquez-Ominami –ME-O, como lo llaman– había caratulado como fundamentales los dos proyectos para el país, dentro de los cuales destaca el fortalecimiento de la educación pública y la reforma constitucional de aguas; además de ser trasladado al Senado, el Ejecutivo fijó un máximo de diez días para su tramitación. El acercamiento del gobierno a las propuestas del independiente Enríquez se suma a la renuncia la semana pasada de dos presidentes de partidos de la Concertación –conglomerado de centroizquierda que gobierna Chile hace veinte años–, tras la petición de Frei de renovar las dirigencias de los partidos que lo respaldan, tal como lo había solicitado Enríquez-Ominami.Frei, abanderado oficialista y ex presidente de Chile, necesita remontar el 30 por ciento obtenido en la primera vuelta, una baja votación frente al 44 por ciento que obtuvo su rival, el empresario derechista Sebastián Piñera, favorito según los últimos sondeos. A menos de dos semanas de la segunda vuelta, ambos candidatos luchan por conquistar el electorado de Enríquez-Ominami, quien tras perder en primera vuelta el 13 de diciembre pasado dejó en libertad de acción a sus adherentes.La decisión de Bachelet, cuya popularidad bordea el 80 por ciento, fue criticada por la oposición, que acusó al gobierno de intervención electoral en contra de su candidato, Piñera. “Nadie puede decir que no es el momento para esta última agenda legislativa, como algunos han insinuado, porque –la verdad sea dicha– siempre será el momento de hacer lo justo”, replicó Bachelet al enviar al Congreso y disponer un debate urgente a la ley de mejora de la educación pública, los proyectos en cuestión. La decisión de la presidenta se conoce en momentos en que la contienda electoral recrudece, con Piñera como favorito para ganar los comicios.