domingo, 9 de enero de 2011

Argentina: formas modernas de sclavitud

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La organización criminal

Por Horacio Verbitsky
La psicóloga Zaida Gatti dirige la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Zaida dijo que las autorizaciones paternas a los menores que reclutó Nidera se firmaron en una comisaría o juzgado de paz, pero o no consignaban el destino, o no designaban un adulto responsable o el adulto responsable no era el que estaba a cargo. Se consignaban destinos diferentes al real, como la provincia de Córdoba y en dos casos los permisos no los firmaban los padres, sino los cabecillas. Los sellos de esos documentos eran ilegibles, lo que hace dudar de su autenticidad. Las víctimas, entrevistadas por quince psicólogas de la oficina, dijeron que los ómnibus charter provistos por la empresa carecían de las condiciones necesarias de seguridad, no tenían ventanas y circulaban con las puertas abiertas. Los cabecillas eran encargados de reclutar a los miembros de cada cuadrilla y dependían de los capataces, que a su vez respondían a los ingenieros de Nidera. No les informaron dónde trabajarían, ni durante cuántos días, ni por qué paga ni en cuales condiciones. Varios dijeron que antes de llegar a El Algarrobo habían trabajado en otra finca de Nidera. La jornada era de once horas, de lunes a lunes, pero a veces se prolongaba y nunca se suspendía por lluvia. Los trailers en los que se hacinaban de a 18, en cuchetas superpuestas como en los campos de concentración, carecían de energía eléctrica, agua corriente, cocina o baños, que improvisaron con los elementos que encontraron tirados en el predio. No había ni un baño químico. Utilizaban agua de pozo y cocinaban sobre fogones en el piso. Según Zaida Gatti esos alojamientos son incompatibles con las condiciones mínimas exigidas por la ley de Contrato de Trabajo. La única ropa que recibieron fue una capa de lluvia y, en algunos casos, guantes y antiparras. En cambio, los capataces tenían viviendas con energía eléctrica. En el campamento había alacranes, ratas, arañas y víboras, contra los cuales no les suministraron protección alguna. Los responsables demoraban la atención médica cuando era solicitada y los capataces suministraban remedios sin prescripción médica. Uno de los trabajadores fue picado por una araña, pero recién lo llevaron a un centro asistencial después del allanamiento. Zaida cree que la vida de ese muchacho estuvo en peligro. La mayoría de los trabajadores contaron a las psicólogas que no podían salir del campo allanado y algunos recibieron amenazas del capataz Hollo, quien les dijo que “el que se pase los límites del predio o cruzare campo traviesa podría recibir un tiro”. Algunos trabajadores indicaron que se les asignaron 24 pesos en crédito por día para alimentos y elementos de higiene personal, que serían descontados del pago final. Como no había refrigeración, consumían los alimentos perecederos en mal estado. Dijeron que sus precios duplicaban el valor de mercado y que muchos de los no perecederos poseían la leyenda “prohibida su venta”, porque eran de distribución gratuita en los programas bonaerenses de asistencia social. Si uno quería irse, toda su cuadrilla debía abandonar el lugar, sin cobrar. Hasta el allanamiento no habían percibido remuneración alguna y los pocos pesos que algunos tenían (entre 40 y 100 pesos) los traían desde Santiago. No se encontraron recibos de sueldos. Según Zaida Gatti, están reunidos todos los elementos que tipifican la trata de personas por una organización criminal: la captación en la provincia de origen por parte de cabecillas que tratan de ganar la confianza de familias que viven en una situación de extrema vulnerabilidad, el engaño (porque el consentimiento fue para condiciones que no se conocían), y el traslado al lugar de la explotación posterior, aun con el asentimiento de las personas víctimas de la trata. Su indefensión se agrava porque algunos son analfabetos y otros apenas pasaron por el primer ciclo de instrucción formal. La actitud observada por las especialistas es de sumisión y de resignación, como consecuencia del entorno abusivo al que se encuentran expuestos debido a su falta de autonomía económica. Aunque tenían conciencia del abuso y expresaron su insatisfacción, todos dijeron que no podían retornar a sus hogares sin el dinero prometido. La cartera laboral bonaerense promueve una negociación con la empresa para que les pague. Un abogado de Nidera llamó al teléfono celular de la Coordinadora de la Oficina de Rescate y pidió conocer el lugar donde se encontraban alojados los menores. “Obviamente no fue suministrada la información ni se estableció vínculo con el mismo”, dice el informe de Gatti. Agrega que la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sólo se presentó después del allanamiento. La práctica sindical en otros casos ha sido convencer a los trabajadores para que cobren y se vayan sin declarar ante la justicia. Durante otro procedimiento realizado por el mismo fiscal en el vecino establecimiento La Luisa, los representantes del sindicato querían que se abriera una mesa de negociación con los trabajadores para que se regularizara su situación y se quedaran trabajando. Tanto el fiscal como los representantes de la Oficina de Rescate rechazaron la idea ya que las condiciones no eran aptas para que continuaran allí.


Trabajo rural digno o esclavo: un debate ideológico

Por Carlos A. Tomada *
Es muy grave que todavía existan prácticas esclavizantes y serviles en el trabajo. Y resulta indignante que haya quienes justifiquen estas prácticas.
Acabo de leer en un diario –influyente por cierto– que las graves denuncias sobre casos de esclavitud deben ser investigadas “sin contaminaciones políticas e ideológicas”. Esto resulta un contrasentido, porque esas prácticas se sustentan, precisamente, en fundamentos políticos e ideológicos. Es desde ese mismo lugar en donde hay que encontrar la solución del problema. A una política de explotación se la combate con una que propicie derechos, obligaciones y regulaciones. A una ideología que tiene como valor supremo la rentabilidad a cualquier precio y el desdén por el trabajo, se le debe contraponer una que se fundamente en el trabajo como derecho humano de ayer, de hoy y de siempre.
Es inadmisible aceptar o defender el trabajo en términos de servidumbre o esclavitud. Es inaudito que en 2011 haya quienes todavía quieran seguir desarrollando su actividad empresaria de esta manera.
Esto es lo que vinimos a combatir con la gestión iniciada desde 2003 por Néstor Kirchner. Lo hicimos y lo hacemos de la misma manera que lo venimos planteando con el trabajo infantil y con la informalidad laboral. Por eso pusimos este debate sobre la mesa cuando no era materia de discusión y se habían “naturalizado” estas prácticas indecentes. Por eso la prédica y la didáctica sobre los beneficios de la registración y sobre los derechos de los trabajadores. Por eso la recuperación de la inspección laboral. Por eso desde el Ministerio de Trabajo venimos recorriendo el país con otros organismos del Estado. ¿Falta aún? Sí, falta seguir profundizando para que todos se sumen a esta cruzada. Son más de 30 años de retroceso. Desde mediados de los ’70 hasta el 2003 el empleo en negro, ilegal, sin protección creció permanente, año tras año. Ahora que retrocede, ahora que de 10 puestos de trabajos que se crean, ocho son en blanco, hay que redoblar la fiscalización. Es un buen ejemplo la tarea que venimos haciendo en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Falta? Sí, sigue faltando todavía. Por eso es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso una nueva ley de trabajo rural que evite la explotación, que mejore los controles, que restablezca equilibrios.
Por suerte están los que desarrollan su actividad económica en forma correcta y organizan la producción de manera rentable con trabajo decente. Tenemos que tener en claro el problema: esto no es un hecho aislado, es una práctica permanente de algunos con la que hay que terminar. Así lo hemos ido detectando en varias provincias, ciudades y establecimientos. Porque desgraciadamente también están los que quieren “ideológicamente” trabajar en el pasado; sin leyes, sin obligaciones, sin considerar la dignidad de los trabajadores.
Que nadie se llame a engaño. Esto que se visualizó en San Pedro y Ramallo es gravísimo. No tiene ninguna justificación. Aunque haya editoriales que quieran hacerlo basándose en la ley vigente. Otra vez “lo” político. Esa es una ley sancionada, en respuesta a intereses y concepciones decimonónicas, por la dictadura militar con la firma de Videla y Martínez de Hoz. Sin comentarios. Por eso, la Presidenta envió en 2010 al Parlamento una ley que equipare los derechos de los trabajadores rurales a los de todos los trabajadores.
Vamos a actuar con todo el rigor de la ley (porque fue nuestro gobierno el que sancionó la Ley 26.364 sobre el delito de trata de personas), porque nuestro proyecto tiene convicciones políticas, que se sustentan en la justicia social, la ampliación de derechos, la reparación de la deuda social y en más y mejor trabajo para todos y todas. A eso no pensamos renunciar.
* Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.


Gente linda

Por Horacio Verbitsky

Otro campamento de 80 trabajadores reducidos a servidumbre fue descubierto en la estancia Santa Celestina de la localidad de El Paraíso, en Ramallo, de la empresa Satus Ager, cuyas condiciones laborales son similares a las de El Algarrobo, de Nidera. Satus Ager fue creada en 1996, produce semillas de maíz y soja en contraestación, que exporta al hemisferio norte. Sus directivos son Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura del ingeniero Felipe Carlos Solá; su primo, el licenciado en Ciencias Políticas Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y el ingeniero agrónomo Martín Jarmoluk. Mientras la Gendarmería realizaba el procedimiento se presentó el ex fiscal, ex interventor federal en Santiago del Estero y ahora abogado de la empresa de su familia, Pablo Lanusse. Preocupada por la salud de sus trabajadores, Satus Ager mantiene en el paraje La Resbalosa, de Santiago del Estero, una posta sanitaria denominada Fundación de Asistencia Médica Nuestra Señora de Loreto, que dirige Marcela Lanusse. También creó un taller de oficios para mujeres anotadas en la bolsa de trabajo de UATRE. Por eso obtuvo el premio al Desarrollo de las Personas de Dow AgroSciences.

Debate

Trabajo rural digno o esclavo: un debate ideológico


Por Carlos A. Tomada *
Es muy grave que todavía existan prácticas esclavizantes y serviles en el trabajo. Y resulta indignante que haya quienes justifiquen estas prácticas.
Acabo de leer en un diario –influyente por cierto– que las graves denuncias sobre casos de esclavitud deben ser investigadas “sin contaminaciones políticas e ideológicas”. Esto resulta un contrasentido, porque esas prácticas se sustentan, precisamente, en fundamentos políticos e ideológicos. Es desde ese mismo lugar en donde hay que encontrar la solución del problema. A una política de explotación se la combate con una que propicie derechos, obligaciones y regulaciones. A una ideología que tiene como valor supremo la rentabilidad a cualquier precio y el desdén por el trabajo, se le debe contraponer una que se fundamente en el trabajo como derecho humano de ayer, de hoy y de siempre.
Es inadmisible aceptar o defender el trabajo en términos de servidumbre o esclavitud. Es inaudito que en 2011 haya quienes todavía quieran seguir desarrollando su actividad empresaria de esta manera.
Esto es lo que vinimos a combatir con la gestión iniciada desde 2003 por Néstor Kirchner. Lo hicimos y lo hacemos de la misma manera que lo venimos planteando con el trabajo infantil y con la informalidad laboral. Por eso pusimos este debate sobre la mesa cuando no era materia de discusión y se habían “naturalizado” estas prácticas indecentes. Por eso la prédica y la didáctica sobre los beneficios de la registración y sobre los derechos de los trabajadores. Por eso la recuperación de la inspección laboral. Por eso desde el Ministerio de Trabajo venimos recorriendo el país con otros organismos del Estado. ¿Falta aún? Sí, falta seguir profundizando para que todos se sumen a esta cruzada. Son más de 30 años de retroceso. Desde mediados de los ’70 hasta el 2003 el empleo en negro, ilegal, sin protección creció permanente, año tras año. Ahora que retrocede, ahora que de 10 puestos de trabajos que se crean, ocho son en blanco, hay que redoblar la fiscalización. Es un buen ejemplo la tarea que venimos haciendo en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Falta? Sí, sigue faltando todavía. Por eso es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso una nueva ley de trabajo rural que evite la explotación, que mejore los controles, que restablezca equilibrios.
Por suerte están los que desarrollan su actividad económica en forma correcta y organizan la producción de manera rentable con trabajo decente. Tenemos que tener en claro el problema: esto no es un hecho aislado, es una práctica permanente de algunos con la que hay que terminar. Así lo hemos ido detectando en varias provincias, ciudades y establecimientos. Porque desgraciadamente también están los que quieren “ideológicamente” trabajar en el pasado; sin leyes, sin obligaciones, sin considerar la dignidad de los trabajadores.
Que nadie se llame a engaño. Esto que se visualizó en San Pedro y Ramallo es gravísimo. No tiene ninguna justificación. Aunque haya editoriales que quieran hacerlo basándose en la ley vigente. Otra vez “lo” político. Esa es una ley sancionada, en respuesta a intereses y concepciones decimonónicas, por la dictadura militar con la firma de Videla y Martínez de Hoz. Sin comentarios. Por eso, la Presidenta envió en 2010 al Parlamento una ley que equipare los derechos de los trabajadores rurales a los de todos los trabajadores.
Vamos a actuar con todo el rigor de la ley (porque fue nuestro gobierno el que sancionó la Ley 26.364 sobre el delito de trata de personas), porque nuestro proyecto tiene convicciones políticas, que se sustentan en la justicia social, la ampliación de derechos, la reparación de la deuda social y en más y mejor trabajo para todos y todas. A eso no pensamos renunciar.
* Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Nuestra derecha, siempre tan moderna: el secreto a voces de sus vínculos con el narcotráfico

Un esquema que se repite: discurso político de mano dura, corrupción, impunidad, narcotráfico, frivolidad (modelaje), clan familiar.

(Página 12, 7 enero 2011)


Fueron detenidos en Barcelona los hijos de los brigadieres Juliá y Miret, que llevaban 900 kilos de cocaína en un avión de su compañía, Medical Jet. Juliá fue el jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo, vinculado con el sistema de negocios de Yabrán. Miret fue secretario de Planeamiento durante la dictadura.




DOS HIJOS DE JULIA Y UNO DEL BRIGADIER MIRET DETENIDOS CON 900 KILOS DE COCAINA Una línea aérea todo servicio Transportaban casi una tonelada de cocaína en un avión de su empresa Medical Jet y los detuvieron en Barcelona. Uno de ellos, Gustavo Juliá, fue gerente del PAMI durante el gobierno de Duhalde y fue denunciado por la Oficina Anticorrupción. 
(Por Horacio Cecchi)

LA CARRERA Y LAS EMPRESAS DEL EX JEFE DE LA FUERZA AEREA Los negocios del clan Juliá El brigadier general José Antonio Juliá fue investigado por su relación con empresas de Alfredo Yabrán y por enriquecimiento ilícito. Fundó Medical Jet SA luego de su pase a retiro y se benefició con los contratos del PAMI.


Foto: El brigadier José Antonio Juliá, padre de los dos hermanos detenidos el domingo, junto a Carlos Menem.
(Página 12, 8 enero 2011)
Meses antes del vuelo que introdujo casi una tonelada de cocaína en España, la empresa de los hijos del brigadier Juliá trasladó a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a dos implicados en la causa de la “narcomodelo” colombiana detenida en Argentina: entre ellos, otro colombiano sospechado de proveer la cocaína que iba a ser trasladada a Europa

Foto: La Guardia Civil española exhibió el cargamento secuestrado en el avión de Medical Jet.

UN ENIGMATICO VIAJE DE MEDICAL JET, LA EMPRESA DE JULIA, A SANTA CRUZ DE LA SIERRA Los aviadores y la narcomodelo La PSA pidió a la Justicia que investigue el vínculo entre la droga secuestrada en Barcelona, transportada por los hijos de los brigadieres, con un vuelo en que su empresa llevó a Bolivia a cuatro hombres vinculados con la famosa Angie Sanclemente. (Por Raúl Kollman y Carlos Rodríguez)

(Página 12 - 9 enero 2011)
ESPAÑA Y ARGENTINA FIRMARON CONVENIOS DE COOPERACION PARA CONTROLAR EL TRAFICO DE DROGAS Los narcos que caen en la emboscada El tráfico de drogas que tiene a España como la gran puerta de entrada a Europa motivó encuentros entre las Aduanas de ese país y la Argentina. La detección de un cargamento de más de 800 kilos en un auto del Rally fue producto de seguimientos acordados. (Por Raúl Kollmann)
Foto: Matías Miret, Eduardo Juliá y Gustavo Juliá, detenidos en Barcelona con un cargamento de 944 kilos de cocaína.