sábado, 25 de julio de 2009

EL MERCOSUR PIDIO QUE SE SUSPENDAN LAS PATENTES PARA QUE SE PUEDA FABRICAR AQUI LA VACUNA CONTRA LA GRIPE A

En la búsqueda de una vacuna para el sur

La presidenta Cristina Kirchner lanzó la propuesta, dado que los laboratorios de los países desarrollados anticiparon que no podrán cubrir la demanda mundial. “Sería como condenar a millones de personas”, argumentó.

Ver nota en Página 12

Golpe al golpe

Por Fernando Cibeira

INEDITA DECLARACION DEL MERCOSUR CONTRA EL GOLPE EN HONDURAS
Mientras el presidente depuesto pisaba por un momento territorio hondureño, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay desconocieron no sólo al gobierno de facto, sino también a cualquier eventual convocatoria a elecciones de su parte

EN UN CONTUNDENTE RESPALDO A ZELAYA, EL MERCOSUR ADELANTO QUE NO RECONOCERA LAS ELECCIONES CONVOCADAS POR LOS GOLPISTAS

“Nadie que surja de esta ruptura institucional”

El documento que suscribieron los presidentes reunidos en la Cumbre de Asunción expresó su rechazo a cualquier medida unilateral que adopte el gobierno de facto. Y exigieron la inmediata restitución de Zelaya.

Ver nota en Página 12

viernes, 24 de julio de 2009

Silencio


Amnistía Internacional cuestiona investigación sobre hechos en Bagua

El organismo denunció que las pesquisas se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la policía

(AP). Una misión de Amnistía Internacional (AI) que investiga en Perú los hechos de violencia durante una protesta en la amazonia denunció el jueves que las pesquisas oficiales se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la policía.
Susan Lee, directora del programa regional para las Américas de AI y miembro de la misión que visita el Perú, exhortó al Gobierno a emprender una investigación independiente y exhaustiva de los sucesos para aliviar el clima de tensión que dijo que aún subsiste en Bagua, donde estalló el conflicto el 5 de junio.
La misión de AI, que inició sus indagaciones el 12 de julio, coincidió con el reporte oficial del Gobierno de que hubo 33 muertos —23 policías y 10 civiles, cinco de ellos aborígenes— en los enfrentamientos que se desataron en Bagua entre fuerzas de seguridad y nativos durante una operación policial de despeje de una carretera tomada por indígenas.
Lee dijo que el único desaparecido tras esos acontecimientos es un mayor de la policía, cuyo paradero aún se desconoce.
Señaló que recibieron muchos testimonios sobre “violaciones a los derechos humanos preocupantes” y un “excesivo uso de la fuerza por parte de la policía en contra de los manifestantes”.
No obstante, las investigaciones de la Fiscalía se centran principalmente en los supuestos delitos cometidos por civiles más que en los que pudo haber cometido la policía, dijo Lee.
“Llama la atención que mientras hay investigaciones abiertas y procesos encausados contra personas acusadas de la muerte de policías, no hay hasta ahora detenidos o implicados en cuanto a los abusos cometidos que derivaron en las muertes de los manifestantes de las comunidades indígenas o pobladores de Bagua”, dijo la activista en una entrevista con AP.
“Se ve que hay un desequilibrio en cuanto al enfoque de las investigaciones”, sostuvo.
Lee indicó que en Bagua aún persiste un clima de “mucha tensión, zozobra e incertidumbre”.
“Es patente que hay un nivel de desconfianza de la población en cuanto a si estas investigaciones realmente logren establecer los hechos y determinar responsabilidades”, anotó.
Al nerviosismo contribuye la presencia de militares en zonas urbanas de la región, pese a que ya fue suspendido el estado de emergencia.
Lee dijo que el Gobierno debe promover una investigación profunda de los hechos, suspender todas las concesiones petroleras o gasíferas en la selva a la que se oponen los nativos, garantizar las reparaciones para todas las víctimas y ofrecer ayuda a los heridos, que según la Defensoría del Pueblo fueron 200 personas, de las cuales más de 80 sufrieron heridas de bala.
Los nativos protestaban por dos decretos que abrían las puertas a la venta de sus territorios ancestrales para actividades petroleras y gasíferas. El gobierno dio marcha atrás y derogó los decretos el 18 de junio, comprometiéndose además a revisar la legislación concerniente a la selva con los indígenas.

Ver nota en El Comercio

Las derechas que apoyan a Micheletti

Disfrazada en fundaciones, escondida detrás de bancas parlamentarias o refugiada en apenas un puñado de gobiernos nacionales, la derecha latinoamericana acompaña a la dictadura hondureña. Desde reconocidos golpistas como la hija de Augusto Pinochet, la concejal chilena Lucía Pinochet, y Pedro Carmona, el empresario venezolano que sacó del poder a Hugo Chávez durante 48 horas, hasta funcionarios como el canciller panameño, Juan Carlos Varela, y uno de los líderes apristas del Congreso peruano, Jorge del Castillo, apoyaron o justificaron públicamente el golpe del 28 de junio contra el presidente hondureño Manuel Zelaya. Esta semana la dictadura liderada por Roberto Micheletti anunció triunfante un nuevo aliado: el presidente colombiano Alvaro Uribe. Bogotá lo matizó, pero reconoció que se encontró en secreto con una delegación golpista.
Son los voceros del régimen de facto en la región y en el mundo; su voz para sortear el cerco de la comunidad internacional. Los ayudan aliados extrarregionales como el ex subsecretario del Departamento de Estado para América latina, Otto Reich, o el paladín del liberalismo, el ex presidente español José María Aznar. Este último echó mano de su fundación FAES para dar un aire de academia a los argumentos golpistas. “Lo que se ha puesto en juego en Honduras en particular, y en América latina en general, no es el regreso de los golpes militares, sino el futuro de la democracia y la libertad. El verdadero peligro para la región es el proyecto totalitario del socialismo del siglo XXI”, escribió la fundación en un artículo que difundió por los medios internacionales.
Ese es el mensaje que repiten una y otra vez. El peruano Del Castillo lo explicó sin medias tintas. “Más que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que preparaba Zelaya”, sentenció uno de los hombres fuertes del APRA, el partido del presidente Alan García. El gobierno peruano condenó el golpe el mismo día en que los militares expulsaron del país a Zelaya, pero nunca exigió formalmente su restitución, ni sancionó en manera alguna al régimen de facto hondureño.
Colombia y Panamá comparten esa posición ambigua. El vecino centroamericano tampoco retiró a su embajador en Tegucigalpa y fue aún más lejos, felicitó a las fuerzas armadas hondureñas. “En Honduras he visto un ejército responsable acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no formaron”, dijo el canciller, dando por cierta una orden judicial que nunca se hizo pública.
Panamá es la prueba viviente de que las ideologías no murieron, como muchos gobiernos aseguraban en los ’90. El día del golpe, el gobierno pañameno de Martín Torrijos, el hijo del mítico general Omar Torrijos, fue uno de los primeros en condenarlo. Unos días después entregó el poder al magnate textil Ricardo Martinelli, un cruzado neoliberal que en su ceremonia de asunción, con Zelaya presente, prometió “desafiar el péndulo ideológico” en la región.
Uribe, en cambio, siempre mantuvo un perfil bajo frente al golpe de Honduras. Retiró a su embajador, pero esquivó las condenas contundentes. Los hombres de Micheletti entendieron eso como una señal y la semana pasada decidieron visitar al mandatario. “Acudimos al gobierno colombiano porque ambas naciones son víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, contó hace unos días el canciller de facto Carlos López.
Acostumbrado a las denuncias y los escándalos, el presidente colombiano conservó el perfil bajo y contestó con un breve comunicado de la Cancillería. La reunión existió, fue secreta, pero se dio en el marco de la mediación del presidente Oscar Arias. El texto dejó afuera el supuesto apoyo, anunciado con bombos y platillos en Tegucigalpa.


Ver nota original en P/12

La democracia, otra vez

Indagan al tesorero del PP español

Luis Bárcenas está imputado en el llamado “caso Gürtel”, una trama de financiación ilegal de la política, prebendas a altos cargos ejecutivos por parte de una red de empresas “amigas” que recibían contratos de la administración pública.

Ver nota en P/12

Una modesta proposición

"Beckett decía que la vida consiste en fracasar, y fracasar de nuevo, y otra vez, tratando de fracasar mejor en cada caso. El sistema educativo actual ha demostrado de sobra ya su ineficacia. ¿No es hora de arriesgarnos a fracasar mejor? ¿Por qué no intentar de una vez que la educación intente hacer lo que siempre debió: abrir las puertas hacia adentro de cada alumno? Esa es la modesta proposición del profesor Steiner después de toda una vida dedicada a la transmisión del conocimiento."

Ver nota en P/12