Explicó que los ilegales también han dirigido sus ataques a quienes poseen propiedades de su interés o sospechan que son colaboradores de grupos contrarios o hacen parte de grupos rivales con los que se disputan territorios, así como desmovilizados que se niegan a integrarse al grupo o por ajustes de cuentas.
Muestra inquietud por el despliegue de estos grupos en zonas urbanas y rurales, donde participan en actividades de narcotráfico, extorsión desalojo de tierras, prostitución y trata de blancas, así como la alianza o acuerdos especialmente en tráfico de drogas con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Agregó que se ha constatado un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a los activistas de derechos humanos.
Pillay señaló que hubo una reducción de los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas, especialmente por la implementación por parte del gobierno de un manual de operaciones con ordenes precisas en el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Resaltó que las ejecuciones extrajudiciales en 2009, según la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, registró siete casos, frente a los 144 de 2008 y 464 de 2007.
El gobierno colombiano al responder el informe afirmó que "mantendrá con firmeza su política de total apertura y transparencia" y su disposición de continuar cooperando con la comunidad internacional bajo preceptos de respeto y principios éticos adquiridos en los instrumentos internacionales.
Aseveró que el informe de la ONU "hace una justa valoración de los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en Colombia".