Activistas acusan a la Casa Blanca de capitular ante detractores de reforma
2 horas, 29 minutos
María Peña
Washington, 16 sep (EFE).- Líderes religiosos y activistas pro-inmigrantes acusaron hoy a la Casa Blanca y a algunos demócratas de "capitular" ante los detractores de la reforma de salud, y advirtieron del alto costo político que tendrían las restricciones al cuidado médico para los inmigrantes.
Durante una conferencia telefónica pidieron que la Casa Blanca y los demócratas combatan las "falsedades" que propagan algunos conservadores, como el republicano Joe Wilson, para torpedear la reforma de salud y estrechar el cerco a los indocumentados.
"El Congreso está perdiendo su barómetro moral. El diálogo actual está destruyendo la salud de Estados Unidos", dijo el reverendo Luis Cortés, presidente del grupo Esperanza, al referirse a las restricciones que se barajan en la reforma.
En los comicios de 2010 habría que castigar en las urnas "a aquellos individuos que niegan los derechos para los inmigrantes legales y que castigan a los más pobres", agregó Cortés, al advertir del peligro de la "satanización de los inmigrantes".
El legislador demócrata Luis Gutiérrez acusó a la Casa Blanca de permitir que gente como Wilson domine el debate actual con su retórica anti-inmigrante y eso, advirtió, "afecta a la gente que dices que quieres ayudar".
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha mantenido que la inmigración ilegal es tema para otro debate y que su prioridad ahora es lograr la cobertura médica universal.
Se prevé que Obama aborde el tema durante su discurso esta noche ante el Instituto del Grupo Legislativo Hispano del Congreso (CHCI, por su sigla en inglés).
En la actualidad, los residentes legales tienen que esperar cinco años para acceder a los programas de asistencia del Gobierno, y el sistema conocido en inglés como SAVE exige comprobar su estatus.
Las cinco propuestas ante el Congreso -incluyendo la que hoy presentó formalmente el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus- mantienen las restricciones a los residentes legales, señaló Eric Rodríguez, vicepresidente del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por su sigla en inglés).
Entre otros elementos, la propuesta de Baucus, de 223 páginas, exige cotejar los datos de cada ciudadano contra una base de datos del Seguro Social y los de cada inmigrante con la del Departamento de Seguridad Nacional.
Los legisladores aún no han decidido quiénes podrían acceder a partir de 2013 a subsidios federales en el llamado "intercambio de seguro de salud" -administrado por el sector privado- para gente de bajos ingresos.
Alrededor de 47 millones de personas carecen de seguro médico en EE.UU. y muchos de los cuatro millones de niños nacidos de inmigrantes legales o indocumentados tampoco tienen plan de salud.
Los conservadores alegan que las propuestas en ciernes no contienen suficientes mecanismos para impedir que los indocumentados reciban subsidios federales para su cobertura médica.
La Casa Blanca y algunos demócratas en el Senado han replicado que cualquier plan de reforma que salga del Congreso este año tendrá un proceso de verificación y excluirá a los indocumentados.
Además de las repercusiones que eso tendría para la salud pública, los activistas aseguran que el 40 por ciento de los indocumentados paga seguro médico de su propio bolsillo, ya sea a través de sus empleadores o por cuenta propia.
Nadie pide que estos accedan a subsidios federales, sino que puedan comprar seguro a través del llamado "intercambio".
Excluirlos "va en contra del bienestar público", sentenció Kevin Appleby, de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., quien acusó a la Casa Blanca de "capitular ante las políticas divisionistas".
Se calcula que entre siete y ocho millones de indocumentados carecen de seguro en EE.UU. y muchos reciben atención médica en clínicas comunitarias o en las salas de urgencia, que por ley federal no pueden negarles servicios.
Esa crisis, según Frank Sharry, de America's Voice, hace más urgente que el Congreso apruebe su legalización, porque las enfermedades contagiosas no respetan fronteras ni estatus migratorio, señaló.
Sharry aconsejó que los demócratas "frenen la demagogia y las distorsiones" de los republicanos. EFE
2 horas, 29 minutos
María Peña
Washington, 16 sep (EFE).- Líderes religiosos y activistas pro-inmigrantes acusaron hoy a la Casa Blanca y a algunos demócratas de "capitular" ante los detractores de la reforma de salud, y advirtieron del alto costo político que tendrían las restricciones al cuidado médico para los inmigrantes.
Durante una conferencia telefónica pidieron que la Casa Blanca y los demócratas combatan las "falsedades" que propagan algunos conservadores, como el republicano Joe Wilson, para torpedear la reforma de salud y estrechar el cerco a los indocumentados.
"El Congreso está perdiendo su barómetro moral. El diálogo actual está destruyendo la salud de Estados Unidos", dijo el reverendo Luis Cortés, presidente del grupo Esperanza, al referirse a las restricciones que se barajan en la reforma.
En los comicios de 2010 habría que castigar en las urnas "a aquellos individuos que niegan los derechos para los inmigrantes legales y que castigan a los más pobres", agregó Cortés, al advertir del peligro de la "satanización de los inmigrantes".
El legislador demócrata Luis Gutiérrez acusó a la Casa Blanca de permitir que gente como Wilson domine el debate actual con su retórica anti-inmigrante y eso, advirtió, "afecta a la gente que dices que quieres ayudar".
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha mantenido que la inmigración ilegal es tema para otro debate y que su prioridad ahora es lograr la cobertura médica universal.
Se prevé que Obama aborde el tema durante su discurso esta noche ante el Instituto del Grupo Legislativo Hispano del Congreso (CHCI, por su sigla en inglés).
En la actualidad, los residentes legales tienen que esperar cinco años para acceder a los programas de asistencia del Gobierno, y el sistema conocido en inglés como SAVE exige comprobar su estatus.
Las cinco propuestas ante el Congreso -incluyendo la que hoy presentó formalmente el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus- mantienen las restricciones a los residentes legales, señaló Eric Rodríguez, vicepresidente del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por su sigla en inglés).
Entre otros elementos, la propuesta de Baucus, de 223 páginas, exige cotejar los datos de cada ciudadano contra una base de datos del Seguro Social y los de cada inmigrante con la del Departamento de Seguridad Nacional.
Los legisladores aún no han decidido quiénes podrían acceder a partir de 2013 a subsidios federales en el llamado "intercambio de seguro de salud" -administrado por el sector privado- para gente de bajos ingresos.
Alrededor de 47 millones de personas carecen de seguro médico en EE.UU. y muchos de los cuatro millones de niños nacidos de inmigrantes legales o indocumentados tampoco tienen plan de salud.
Los conservadores alegan que las propuestas en ciernes no contienen suficientes mecanismos para impedir que los indocumentados reciban subsidios federales para su cobertura médica.
La Casa Blanca y algunos demócratas en el Senado han replicado que cualquier plan de reforma que salga del Congreso este año tendrá un proceso de verificación y excluirá a los indocumentados.
Además de las repercusiones que eso tendría para la salud pública, los activistas aseguran que el 40 por ciento de los indocumentados paga seguro médico de su propio bolsillo, ya sea a través de sus empleadores o por cuenta propia.
Nadie pide que estos accedan a subsidios federales, sino que puedan comprar seguro a través del llamado "intercambio".
Excluirlos "va en contra del bienestar público", sentenció Kevin Appleby, de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., quien acusó a la Casa Blanca de "capitular ante las políticas divisionistas".
Se calcula que entre siete y ocho millones de indocumentados carecen de seguro en EE.UU. y muchos reciben atención médica en clínicas comunitarias o en las salas de urgencia, que por ley federal no pueden negarles servicios.
Esa crisis, según Frank Sharry, de America's Voice, hace más urgente que el Congreso apruebe su legalización, porque las enfermedades contagiosas no respetan fronteras ni estatus migratorio, señaló.
Sharry aconsejó que los demócratas "frenen la demagogia y las distorsiones" de los republicanos. EFE
