miércoles, 3 de febrero de 2010

Los derechos humanos siguen a la baja en la Colombia de Uribe

NO CONTENTO CON PEDIR QUE LOS ESTUDIANTES LO SEAN, EL PRESIDENTE DE COLOMBIA EXPANDE SU POLITICA DE SEGURIDAD

Uribe quiere a los taxistas de informantes

“Hay que escoger entre una cultura de pasividad frente al crimen o una cultura de compromiso contra él”, dijo el mandatario de línea dura con la insurgencia. “El espionaje no puede ser obligatorio”, opinó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

Sin refrescar la polémica que produjo la propuesta de pagar a estudiantes informantes en Medellín, esta semana empezó otra controversia. Ahora el presidente Alvaro Uribe quiere en Cali –otra de las ciudades donde las disputas mafiosas dispararon la violencia– que los taxistas sean dotados con radios avanteles y se conviertan también en informantes. “Hay que escoger entre una cultura de pasividad frente al crimen o una cultura de compromiso contra el crimen”, dijo Uribe para justificar las propuestas que evidencian su interés por promover una cultura de espionaje y expandir la política de seguridad democrática, aun cuando ello disminuya las garantías y libertades de una democracia, como lo señalan los más críticos.

Para la oposición, los defensores de derechos humanos y algunos líderes del sector educativo, la propuesta de la semana pasada ya apuntaba a poner en riesgo a los mismos estudiantes y, en general, al Estado democrático. Hoy la preocupación aumenta por lo anunciado para los taxistas, pues durante el Consejo de Seguridad del lunes, cuando lanzó su propuesta, el presidente afirmó que los ciudadanos tendrán que escoger entre ser solidarios o encubridores del crimen.

“No puede ser obligatorio”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre la sentencia de Uribe. Para él, la afirmación “es un poquito dura. Las cosas no son así. Hay muchas personas que, debido a sus contextos familiares, personales y de barrio, no pueden trasmitir información porque ponen en peligro sus vidas”. Ospina cree que la ciudad que gobierna está pasando por “un momento donde la muerte acecha” y, justamente por eso, no es propio exponer a los 30 mil taxistas que trabajan allí obligándolos a “cooperar”. “Debe depender más del apoyo desinteresado y solidario y menos de una intención de crear vínculos como militantes”, explicó el alcalde en radiodifusoras nacionales.

Para los taxistas el botín prometido es de unos dos mil quinientos dólares, lo que supera ampliamente el auxilio mensual de cincuenta dólares ofrecido a los mil estudiantes universitarios que Uribe busca en Medellín para que aporten información a la policía y el ejército colombianos. Todo con el fin, se justifica, de reducir los índices de homicidios de jóvenes, principales víctimas de este crimen. El año pasado fueron 2174 en Medellín. En Cali, tan sólo en enero, fueron asesinadas 147 personas. Desde allí el presidente afirmó que “todo ciudadano que nos dé una información efectiva sobre un homicida va a recibir una recompensa básica de cinco millones de pesos”.

Johny Rangel, líder de la Red de Amigos de Taxistas Unidos de Cali, dijo que los conductores van a “colaborar”. Los taxistas están agremiados en esa red desde al año pasado, cuando fueron asesinados veinte de ellos. “Optamos por ser parte de la solución, no podemos seguir así”, afirmó a los medios. Al ser consultado sobre la obligación de pertenecer a la nueva red de informantes, Rangel dijo que “esto es una decisión individual”. “Pero no es que los taxistas adelanten labores de inteligencia en la ciudad –aclaró el alcalde–. Para ello se demandan personas muy calificadas, con muchas cualidades, talento e inteligencia, no un civil como es un taxista.”

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, defendió la propuesta de Uribe diciendo que lo que se pretende es “darles a entender a los delincuentes que no pueden seguir, impunemente, victimizando al pueblo”. Y recordó que la “cooperación” de taxistas alrededor del crimen no es nada nuevo en Colombia. “Es promocionar la participación y canalizar la información de los taxistas hacia la Policía, una iniciativa que no es de ayer. Se tienen alianzas con ellos hace más de veinte años”, afirmó. Según la revista Semana, hoy existen unos 30 mil conductores de servicio público en diferentes ciudades colombianas que trabajan para la policía informando sobre movimientos sospechosos. Gracias a su oficio y a los equipos que manejan se les facilita alertar a las autoridades. Naranjo explica que “los taxistas son los mejores vigías de una ciudad y son una fuente de información valiosísima para proteger los intereses de la comunidad”.

El derecho a la vida lo tenemos que defender todos, fue la razón que dio Uribe al defender desde Davos la idea de estudiantes informantes en Medellín, y es hoy la misma explicación del alcalde de Cali para recomendar cuidado en la interpretación de la más reciente propuesta. “No hay que ponernos en riesgo. Esa no sería una apuesta apropiada”, concluyó Ospina.



EE.UU. ACHICA EL FINANCIAMIENTO AL PLAN COLOMBIA Y MERIDA

Un recorte a la ayuda antinarcótica

México y Colombia, los dos aliados latinoamericanos de Washington, también sufrieron por los recortes presupuestarios de Barack Obama para el 2011. El Plan Colombia recibirá 465 millones de dólares, 75 millones menos que este año, y su versión para México y Centroamérica, el Plan Mérida, obtendrá 410 millones, 140 millones menos. Ninguno de los dos países se quejó y desde el gobierno norteamericanos desmintieron cualquier malestar. “Ahora nos movemos a una etapa diferente del programa. Es una razón positiva para ver que los números bajen, pero hemos sido cuidadosos en este presupuesto de no mantener niveles por razones simbólicas sino usar lo más cuidadosamente posible los escasos recursos para la diplomacia y el desarrollo”, explicó el secretario adjunto de gerencia y recursos del Departamento de Estado, Jacob Lew.

Pero hace diez días un grupo de senadores demócratas le había pedido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que replanteara el Plan Colombia. Según una carta que salió a la luz, denunciaban que el plan no había producido avances significativos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia y Estados Unidos, y que además financiaba a unas Fuerzas Armadas con un grave historial de violaciones a los derechos humanos. Ayer el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, y su par colombiana en Washington, Carolina Barco, rechazaron que existiera una relación entre las críticas del ala progresista del oficialismo y la decisión de Obama de recortar los fondos.

Por las dudas, el ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva ya programó un viaje a Washington para el lunes próximo para recordarles a los legisladores demócratas la importancia del Plan Colombia, un plan en el que Estados Unidos ya lleva gastados más de 7000 millones de dólares. El vicepresidente Francisco Santos ya había intentado ganarse los corazones del ala progresista de los demócratas la semana pasada en la capital norteamericana. Todo indica que no tuvo suerte.

El lobby mexicano no fue tan evidente y ayer el gobierno de Calderón evitó hablar del tema. De los 410 millones del Plan Mérida, 310 millones estarán dedicados a México y los restantes cien a los países centroamericanos. Mérida es un programa de 1400 millones de dólares destinado a apoyar con material, personal y entrenamiento a las fuerzas de seguridad en México, América Central y el Caribe en su lucha contra el crimen organizado. Washington lo creó luego de que el presidente mexicano Felipe Calderón desplegara miles de soldados en todo su territorio para perseguir y combatir a los narcos en cualquier parte, una ciudad, un pueblo.