La dictadura empresarial que se cierne sobre algunos de nuestros países no sería imaginable sin el carácter eminentemente privado de los intereses que mueve a los grandes consorcios mediáticos. En los países donde el sector empresarial tiende a fungir como propietaria de la verdad única (el dogma económico y el dios mercado ocupan el vacío dejado por Yahvé), el derecho a la información de las personas sufre una terrible distorsión y en aras de la libertad de expresión se cometen las más grandes atrocidades.
Recordemos si no el caso reciente de Wallace de Souza en Brasil, del cual no faltan antecedentes de menor monta pero igualmente graficadores. Cuando hemos visto personalmente el trabajo de reporteros televisivos que hacen del caso de un niño sicario -supervisado por un adulto al atracar y disparar al propietario de un negocio en Santa Cruz de la Sierra- en otra nota roja más, no podemos dejar de sospechar en los nexos que se han tendido entre la prensa de hoy (que coincide con los "demócratas de hoy" y los pro dictadura de ayer) con la delincuencia organizada (por decir lo menos) y la política. Del otro lado, tampoco faltan los políticos de tendencia autoritaria que preferirían gobernar sin disidencia.
Wallace Souza es acusado de ordenar asesinatos de narcotraficantes para elevar el rating de su programa
SAO PAULO, BRASIL.- El caso del conductor de televisión brasileño y diputado del estado de Amazonas, Wallace Souza, acusado de ordenar asesinatos de narcotraficantes para elevar el rating de su programa, escandalizó a Brasil. Souza fue acusado por el Ministerio Público de Amazonas de encabezar una banda criminal que planificaba homicidios, los cuales luego eran divulgados en el programa 'Canal Libre' de una televisora local, cuyos reporteros llegaban al lugar del crimen antes que la policía. El supuesto grupo encabezado por Souza estaba integrado además por su hijo, Raphael, y por agentes de la Policía Militar de este país sudamericano, que fueron responsabilizados de al menos cinco homicidios para aumentar la sintonía del espacio de televisión. Las acciones criminales fueron denunciadas por el ex agente policial Moacir Costa, quien, tras ser detenido, reveló detalles sobre el funcionamiento de la banda y sus vínculos con el programa de televisión de Amazonas, el cual dejó de transmitirse el año pasado. El Ministerio Público añadió que Souza buscaba generar 'inestabilidad' en la población para desacreditar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública local y, de esa forma, asumir la titularidad de esa entidad y comandar la lucha contra el crimen. El legislador y conductor de televisión fue acusado de encabezar el grupo criminal, además de tráfico y porte ilegal de armas de fuego, mientras que respecto a los cinco homicidios no existen pruebas que indiquen en forma clara su participación en los hechos. Algunas de sus víctimas, según las acusaciones divulgadas por medios de prensa locales, serían sus rivales en el negocio del tráfico de drogas, quienes habrían sido asesinados por su banda, la cual habría tenido al menos 15 integrantes. Souza, quien también ejerció como policía y que fue elegido legislador en Amazonas con primera mayoría, desvirtuó las acusaciones y aseguró que se trata de un complot en su contra en el cual participarían ex agentes policiales. Apuntó que es víctima de 'difamadores' y que quienes lo acusan carecen de pruebas respecto a sus supuestos crímenes, todos los cuales se habrían cometido contra presuntos narcotraficantes que operaban en el Amazonas.
SAO PAULO, BRASIL.- El caso del conductor de televisión brasileño y diputado del estado de Amazonas, Wallace Souza, acusado de ordenar asesinatos de narcotraficantes para elevar el rating de su programa, escandalizó a Brasil. Souza fue acusado por el Ministerio Público de Amazonas de encabezar una banda criminal que planificaba homicidios, los cuales luego eran divulgados en el programa 'Canal Libre' de una televisora local, cuyos reporteros llegaban al lugar del crimen antes que la policía. El supuesto grupo encabezado por Souza estaba integrado además por su hijo, Raphael, y por agentes de la Policía Militar de este país sudamericano, que fueron responsabilizados de al menos cinco homicidios para aumentar la sintonía del espacio de televisión. Las acciones criminales fueron denunciadas por el ex agente policial Moacir Costa, quien, tras ser detenido, reveló detalles sobre el funcionamiento de la banda y sus vínculos con el programa de televisión de Amazonas, el cual dejó de transmitirse el año pasado. El Ministerio Público añadió que Souza buscaba generar 'inestabilidad' en la población para desacreditar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública local y, de esa forma, asumir la titularidad de esa entidad y comandar la lucha contra el crimen. El legislador y conductor de televisión fue acusado de encabezar el grupo criminal, además de tráfico y porte ilegal de armas de fuego, mientras que respecto a los cinco homicidios no existen pruebas que indiquen en forma clara su participación en los hechos. Algunas de sus víctimas, según las acusaciones divulgadas por medios de prensa locales, serían sus rivales en el negocio del tráfico de drogas, quienes habrían sido asesinados por su banda, la cual habría tenido al menos 15 integrantes. Souza, quien también ejerció como policía y que fue elegido legislador en Amazonas con primera mayoría, desvirtuó las acusaciones y aseguró que se trata de un complot en su contra en el cual participarían ex agentes policiales. Apuntó que es víctima de 'difamadores' y que quienes lo acusan carecen de pruebas respecto a sus supuestos crímenes, todos los cuales se habrían cometido contra presuntos narcotraficantes que operaban en el Amazonas.
Por Martín Piqué
El Gobierno presentará hoy el proyecto que enviará al Congreso para reemplazar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Habrá una movilización en la Plaza de Mayo.
“Ahora es cuando.” La frase se fue convirtiendo en una señal de identidad entre las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la democratización del mapa de medios en la Argentina. Era una frase que describía el clima de urgencia, la determinación de no seguir postergando el debate para modificar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Esa exigencia de no esperar tendrá su primera coronación hoy a las 11, cuando la Presidenta anuncie la presentación del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso. El acto será en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, pero tendrá su eco en la Plaza de Mayo. Allí se reunirán medios comunitarios, ONG, movimientos sociales que forman parte de la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Tras el discurso de CFK, el público se movilizará hasta el Congreso como un gesto de acompañamiento y apoyo al proyecto. La iniciativa que se presentará en la Parlamento no es exactamente la misma que se anunció el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. En el tiempo que pasó desde entonces, y como consecuencia de los 24 foros de debate que se realizaron a lo largo del país, el texto original recibió cincuenta modificaciones.
Los foros contaron con el auspicio de 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. Las modificaciones que se incorporaron al texto original provienen de los aportes de los participantes. Otros cambios surgieron de documentos girados por correo al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) o de mails que se recibieron en el organismo. El nuevo proyecto, con las cincuenta modificaciones que quedaron tras la sistematización de 1200 aportes individuales, fue enviado a Presidencia y a la Secretaría Legal y Técnica el 10 de julio.
Los cambios más importantes tienen que ver con las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el Interior, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público. A continuación un punteo de las principales modificaciones al texto original.
- Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el Gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el Gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad.
- Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el Gobierno.
- El triple play y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable. El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas con una lógica comercial también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso triple play, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual.
//
Los foros contaron con el auspicio de 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. Las modificaciones que se incorporaron al texto original provienen de los aportes de los participantes. Otros cambios surgieron de documentos girados por correo al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) o de mails que se recibieron en el organismo. El nuevo proyecto, con las cincuenta modificaciones que quedaron tras la sistematización de 1200 aportes individuales, fue enviado a Presidencia y a la Secretaría Legal y Técnica el 10 de julio.
Los cambios más importantes tienen que ver con las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el Interior, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público. A continuación un punteo de las principales modificaciones al texto original.
- Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el Gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el Gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad.
- Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el Gobierno.
- El triple play y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable. El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas con una lógica comercial también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso triple play, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual.
//
