Presión de las empresas
Las multinacionales textiles con sede en Honduras se cansaron de los golpistas. Ayer, las empresas Nike, Gap, Adidas y Knights Apparel le escribieron una carta a la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, para expresarle su inquietud sobre la violencia desatada en el país centroamericano tras el golpe de Estado del 28 de junio y pidieron el restablecimiento de la democracia. “Como empresas que trabajamos en Honduras, estamos muy preocupadas por los recientes eventos en ese país”, destacaron las cuatro firmas en una carta colectiva publicada ayer en el sitio Internet de Nike. “Solicitamos que esta crisis sea inmediatamente resuelta, que la democracia sea restaurada y que las libertades públicas sean restablecidas, incluidas la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movimiento”, enfatizaron los fabricantes de ropa y equipos deportivos, precisando, sin embargo, que con el comunicado no buscan tomar partido en el caso.
Un centro de detención
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció ayer más de “1500 violaciones a los derechos humanos” contra el pueblo. Zelaya precisó que los integrantes del régimen “abrieron un estadio” para alojar a los detenidos políticos porque los detenidos “no les caben en las cárceles”. Enrique Santiago, integrante de una misión de observadores representante del Instituto de Estudios para América latina y Africa de España, dio a conocer un informe preliminar que se entregará a la OEA y Naciones Unidas. “Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la misión se encuentran numerosas ejecuciones extrajudiciales; cientos de detenciones arbitrarias; amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información”, precisó el informe.
Represores de exportación
Billy Joya y sus secuaces fueron instruidos en los ’80 por los militares represores argentinos que llegaron por esa época a su país para impartir cursos de seguimiento, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.
Por Angel Berlanga
El ex capitán hondureño Billy Joya Améndola, acusado de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los ’80 y actual ministro asesor del presidente de facto Roberto Micheletti, puede presumir de haber sido instruido por expertos. Aprendió de los militares represores argentinos que llegaron por esa época a su país para impartir cursos de seguimiento, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Compenetrados como estaban, por entonces, en el exterminio de lo que llamaban “comunismo apátrida marxista leninista”, una banda de especialistas en submarino seco y otras aberraciones se radicó en Honduras para asesorar en la creación del Batallón de Inteligencia B3-16 –usina de los escuadrones de la muerte– y, también, para fogonear la guerra sucia en Centroamérica, sobre todo contra Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
El grupo de tareas argentino que operó en Honduras y en la región estuvo a cargo del coronel Osvaldo Riveiro (“Balita”): se mantenía por entonces en contacto directo y a las órdenes del general Guillermo (“Pajarito”) Suárez Mason. Los ex presidentes argentinos Videla, Viola y Galtieri planificaron y monitorearon la exportación de lo que en Centroamérica se conocería como “el método argentino” de terrorismo de Estado. El general Alberto Alfredo Valín y el coronel Mario Davico fueron otras dos figuras clave en el montaje del andamiaje represivo; también operaron allí los capitanes Héctor Ricardo Francés García y Santiago Hoyas y el coronel Jorge de la Vega. La mayoría de los oficiales había formado parte del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Otros célebres personajes que desplegaron allí sus talentos fueron los servicios Raúl Guglielminetti, Juan Martín Ciga Correa y Leandro Sánchez Reisse; éste reconoció en Estados Unidos, al ser detenido, la megaestructura paramilitar y sus lazos con el narcotráfico. Llegó a haber, en Honduras, 150 oficiales argentinos.
Y Joya operó, en el B3-16, como enlace con esos asesores.
Bertha Oliva, coordinadora de la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), denunció que, junto con Joya, el gobierno de Micheletti recicló a otros militares acusados de violaciones a los derechos humanos que pertenecieron o tuvieron fuertes vínculos con el B3-16. Entre ellos menciona al general Mario Hung Pacheco, asesor en la Secretaría de Seguridad, y a Nelson Willy Mejía, director de Migración y Extranjería. El comisionado Salomón Escoto Salinas, actual director de la Policía Nacional (aunque fue nombrado en su cargo cincuenta días antes del golpe), aparece denunciado en Los hechos hablan por sí mismos-Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras, de Leo Valladares Lanza: allí reproduce documentación oficial en la que se atestigua su pertenencia al B3-16 como jefe en la sección Operaciones y Adiestramiento y del Equipo de Bombas.
Valladares Lanza vino a la Argentina en octubre de 1996 para reclamarle al por entonces presidente Carlos Menem por la desclasificación de lo actuado por el ejército argentino en Honduras. “Tenga la más absoluta seguridad de que van a tener mi colaboración”, le dijo Menem, por supuesto, y, por supuesto, jamás aportó un dato.
Ya en 1980 el diario Tiempo, de San Pedro Sula, anoticiaba: “Miembros del Ejército argentino entrenan bandas paramilitares”. En 1983 los organismos de derechos humanos hondureños denunciaban las señales del “método argentino” en las desapariciones: “Personas políticamente activas son detenidas ante la vista de testigos por hombres fuertemente armados, vestidos de civil y conduciendo coches sin placas. Después de la detención inicial, las autoridades niegan rotundamente la presencia del prisionero en los centros de reclusión. Los sobrevivientes relataron que son llevados a cárceles clandestinas, donde son torturados y sometidos a vejámenes”.
Según numerosos testigos, anota el periodista Cristofer Dickey en el libro Con los contras, los oficiales argentinos estaban establecidos en el hotel Honduras Maya. “Les gustaba ir al Casino Montecarlo, el restaurante de carnes escaleras abajo, al bar y a la discoteca, que se llenaba de mujeres los viernes a la noche.”
Según la Cofadeh, entre 1980 y 1989 fueron secuestradas y desaparecidas 184 personas. A Joya se le endilgaron 16 delitos de lesa humanidad. (Para saber de su currículum: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/)
La presencia de Joya y otros represores pesados de los ’80 en el gabinete del gobierno usurpador tiene relación con la serie de asesinatos, amenazas, censura e intimidaciones que tienen aterrorizada a buena parte de la sociedad hondureña. Pero los esfuerzos para que aquellas siniestras historias salieran a la luz y circularan sirvieron para que esta vez, en lugar de silencio y reclusión, se multiplicaran las voces de denuncia y persistieran las movilizaciones de rechazo al golpe de Estado.
“No hay palabras para describir lo que estamos sintiendo, es la oscuridad de los años ’80 otra vez”, ha dicho Bertha Oliva. La dirigente viene señalando que los agentes locales de la CIA y los ex alumnos de la Escuela de las Américas, que en los ’80 trabajaron junto al Grupo de Tareas del Exterior argentino, “están junto a Micheletti en instituciones clave para la ejecución y gerencia del complot político contra Zelaya”.
A los cuatro asesinatos que la Cofadeh atribuye al terrorismo de Estado (hay varios más denunciados con fuertes sospechas) se sumó el crimen de Pedro Magdiel Muñoz, un partidario de Zelaya que se había movilizado hacia la frontera con Nicaragua para recibirlo: su cuerpo apareció en la madrugada del sábado en El Paraíso con evidentes signos de tortura. Según diversos informes, varios testigos vieron cuando fue detenido.
Los episodios de amenazas, censuras y detenciones son tantos que abruman y evidencian dos hechos incontrastables: el despliegue del aparato represivo, por un lado, y la voluntad de resistir y denunciar, por otro. Por citar unos pocos ejemplos: el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, Eulogio Chávez, denunció que lo siguen paramilitares dirigidos por Joya; la escritora y Premio Nacional de Literatura Helen Umaña aseveró ayer que le cortaron el teléfono cuando estaba por denunciar a una radio mexicana sobre lo que ocurre en su país: “Tengo miedo de hablar y sé que eso puede acarrearme la muerte”, dijo. Centenares de personas fueron detenidas o permanecen acorraladas en la frontera; dirigentes como Rafael Alegría, Salvador Zúñiga y Bertha Cáceres fueron detenidos (y luego puestos en libertad); una bomba estalló en una asamblea sindical; las marchas de protesta están infiltradas por policías y son filmadas.
Hay, respecto del aparato represivo, una sensación generalizada que bien puede sintetizarse en una declaración del dirigente sindical Carlos Reyes, el sábado pasado, tras el crimen de Magdiel y la explosión de la bomba: “Billy Joya es, hoy, la persona que está dirigiendo la seguridad del Estado”.
La primera dama avanza hacia el reencuentro
La esposa del presidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro, avanza hacia el reencuentro con su esposo. Hace un mes, el golpe de Estado puso a su marido y presidente legítimo de Honduras fuera de las fronteras de su país. El viernes pasado, la primera dama, junto a sus hijos, Hortensia y José Manuel, además de la madre del mandatario, Hortensia Rosales, y su suegra, Olga Doris Sarmiento, emprendieron viaje terrestre hacia la frontera con Nicaragua para reunirse con Zelaya. Pero los retenes militares los detuvieron. La orden venía del propio dictador Roberto Micheletti y, por eso, desde el sábado, estuvieron detenidos al borde de la ruta a la altura del municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso. Ayer la Corte Suprema en Tegucigalpa dio autorización para que avanzaran. Del otro lado de El Paraíso, Zelaya los espera. “Espero verlos en las próximas horas”, afirmó un Zelaya emocionado. “Hoy (por ayer) la fuerza militar se ha doblegado, han salido para sus batallones a recluirse, porque ahora no solamente el pueblo los ha juzgado, sino el mundo entero”, señaló Castro al enterarse de la noticia.
La primera dama avanza en caravana. Varios vehículos repletos de zelayistas la escoltan. Los mismos retenes militares que hasta hace horas reprimían ahora se hacen a un lado a su llegada. Y el grupo sigue. Pretenden llegar en masa. “Hoy estamos felices porque sentimos libertad de poder desenvolvernos”, expresó la esposa del presidente que se puso al frente de las movilizaciones en las últimas semanas. “Pero la meta es que todos los hondureños que quieran llegar a la frontera puedan reconocer y saludar a su Presidente”, precisó.
No es fácil. No está claro a cuántos dejarán avanzar. La orden judicial fue emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de aceptar un recurso de “hábeas corpus de locomoción” presentado ayer por Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh). “Este es un acto humanitario, de justicia, y la CSJ ha actuado en el marco de la ley”, explicó Pavón. El hábeas corpus fue interpuesto a favor de la familia y de los seguidores del derrocado mandatario, explicó Nery Roberto Velázquez, juez ejecutor.
Pero según testigos, no todos estaban encontrando pista libre. “En los últimos días los militares cometieron muchos atropellos. Han pasado muchas cosas, hay jóvenes que han perdido la vida”, sostuvo Castro. No obstante, en la caravana hay confianza. La primera dama afirmó que los militares comenzarán a retirarse cada vez más para que el pueblo no les reclame por sus acciones golpistas y represoras.
“Vamos a llegar al retén y allí pretendemos que ese ejército que hoy está deteniendo el paso se levante. Así como se les está abriendo paso a la primera dama y a su familia, queremos que se dé paso a toda la gente para que la economía no se detenga, para que pasen medicamentos, comida y agua, porque han pretendido que la gente muera de hambre”, le dijo Castro a la cadena multiestatal Telesur.
Al cierre de esta edición, faltaban pocos kilómetros para llegar a la frontera. La semana pasada, el gobierno de facto le ofreció a la familia un helicóptero militar para trasladarla hasta Nicaragua. Xiomara Castro lo rechazó y aseguró que era un intento por sacarla del país. Dijo que prefería llegar por tierra. Ayer parecía decidida a despejar todos los obstáculos. “Estamos llegando a otro retén donde hay más elementos de la policías. Vamos a bajar para asegurarnos de que éste también sea suspendido”, remarcó.
Zelaya, a su turno, ya festejó. “Después de treinta días de resistencia pacífica y enérgica contra este golpe, obtenemos otra victoria más y otra derrota para los golpistas”, estimó el mandatario desde su base de operaciones en la localidad nicaragüense de Ocotal.
Las multinacionales textiles con sede en Honduras se cansaron de los golpistas. Ayer, las empresas Nike, Gap, Adidas y Knights Apparel le escribieron una carta a la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, para expresarle su inquietud sobre la violencia desatada en el país centroamericano tras el golpe de Estado del 28 de junio y pidieron el restablecimiento de la democracia. “Como empresas que trabajamos en Honduras, estamos muy preocupadas por los recientes eventos en ese país”, destacaron las cuatro firmas en una carta colectiva publicada ayer en el sitio Internet de Nike. “Solicitamos que esta crisis sea inmediatamente resuelta, que la democracia sea restaurada y que las libertades públicas sean restablecidas, incluidas la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movimiento”, enfatizaron los fabricantes de ropa y equipos deportivos, precisando, sin embargo, que con el comunicado no buscan tomar partido en el caso.
Un centro de detención
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció ayer más de “1500 violaciones a los derechos humanos” contra el pueblo. Zelaya precisó que los integrantes del régimen “abrieron un estadio” para alojar a los detenidos políticos porque los detenidos “no les caben en las cárceles”. Enrique Santiago, integrante de una misión de observadores representante del Instituto de Estudios para América latina y Africa de España, dio a conocer un informe preliminar que se entregará a la OEA y Naciones Unidas. “Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la misión se encuentran numerosas ejecuciones extrajudiciales; cientos de detenciones arbitrarias; amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información”, precisó el informe.
Represores de exportación
Billy Joya y sus secuaces fueron instruidos en los ’80 por los militares represores argentinos que llegaron por esa época a su país para impartir cursos de seguimiento, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.
Por Angel Berlanga
El ex capitán hondureño Billy Joya Améndola, acusado de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los ’80 y actual ministro asesor del presidente de facto Roberto Micheletti, puede presumir de haber sido instruido por expertos. Aprendió de los militares represores argentinos que llegaron por esa época a su país para impartir cursos de seguimiento, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Compenetrados como estaban, por entonces, en el exterminio de lo que llamaban “comunismo apátrida marxista leninista”, una banda de especialistas en submarino seco y otras aberraciones se radicó en Honduras para asesorar en la creación del Batallón de Inteligencia B3-16 –usina de los escuadrones de la muerte– y, también, para fogonear la guerra sucia en Centroamérica, sobre todo contra Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
El grupo de tareas argentino que operó en Honduras y en la región estuvo a cargo del coronel Osvaldo Riveiro (“Balita”): se mantenía por entonces en contacto directo y a las órdenes del general Guillermo (“Pajarito”) Suárez Mason. Los ex presidentes argentinos Videla, Viola y Galtieri planificaron y monitorearon la exportación de lo que en Centroamérica se conocería como “el método argentino” de terrorismo de Estado. El general Alberto Alfredo Valín y el coronel Mario Davico fueron otras dos figuras clave en el montaje del andamiaje represivo; también operaron allí los capitanes Héctor Ricardo Francés García y Santiago Hoyas y el coronel Jorge de la Vega. La mayoría de los oficiales había formado parte del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Otros célebres personajes que desplegaron allí sus talentos fueron los servicios Raúl Guglielminetti, Juan Martín Ciga Correa y Leandro Sánchez Reisse; éste reconoció en Estados Unidos, al ser detenido, la megaestructura paramilitar y sus lazos con el narcotráfico. Llegó a haber, en Honduras, 150 oficiales argentinos.
Y Joya operó, en el B3-16, como enlace con esos asesores.
Bertha Oliva, coordinadora de la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), denunció que, junto con Joya, el gobierno de Micheletti recicló a otros militares acusados de violaciones a los derechos humanos que pertenecieron o tuvieron fuertes vínculos con el B3-16. Entre ellos menciona al general Mario Hung Pacheco, asesor en la Secretaría de Seguridad, y a Nelson Willy Mejía, director de Migración y Extranjería. El comisionado Salomón Escoto Salinas, actual director de la Policía Nacional (aunque fue nombrado en su cargo cincuenta días antes del golpe), aparece denunciado en Los hechos hablan por sí mismos-Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras, de Leo Valladares Lanza: allí reproduce documentación oficial en la que se atestigua su pertenencia al B3-16 como jefe en la sección Operaciones y Adiestramiento y del Equipo de Bombas.
Valladares Lanza vino a la Argentina en octubre de 1996 para reclamarle al por entonces presidente Carlos Menem por la desclasificación de lo actuado por el ejército argentino en Honduras. “Tenga la más absoluta seguridad de que van a tener mi colaboración”, le dijo Menem, por supuesto, y, por supuesto, jamás aportó un dato.
Ya en 1980 el diario Tiempo, de San Pedro Sula, anoticiaba: “Miembros del Ejército argentino entrenan bandas paramilitares”. En 1983 los organismos de derechos humanos hondureños denunciaban las señales del “método argentino” en las desapariciones: “Personas políticamente activas son detenidas ante la vista de testigos por hombres fuertemente armados, vestidos de civil y conduciendo coches sin placas. Después de la detención inicial, las autoridades niegan rotundamente la presencia del prisionero en los centros de reclusión. Los sobrevivientes relataron que son llevados a cárceles clandestinas, donde son torturados y sometidos a vejámenes”.
Según numerosos testigos, anota el periodista Cristofer Dickey en el libro Con los contras, los oficiales argentinos estaban establecidos en el hotel Honduras Maya. “Les gustaba ir al Casino Montecarlo, el restaurante de carnes escaleras abajo, al bar y a la discoteca, que se llenaba de mujeres los viernes a la noche.”
Según la Cofadeh, entre 1980 y 1989 fueron secuestradas y desaparecidas 184 personas. A Joya se le endilgaron 16 delitos de lesa humanidad. (Para saber de su currículum: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/)
La presencia de Joya y otros represores pesados de los ’80 en el gabinete del gobierno usurpador tiene relación con la serie de asesinatos, amenazas, censura e intimidaciones que tienen aterrorizada a buena parte de la sociedad hondureña. Pero los esfuerzos para que aquellas siniestras historias salieran a la luz y circularan sirvieron para que esta vez, en lugar de silencio y reclusión, se multiplicaran las voces de denuncia y persistieran las movilizaciones de rechazo al golpe de Estado.
“No hay palabras para describir lo que estamos sintiendo, es la oscuridad de los años ’80 otra vez”, ha dicho Bertha Oliva. La dirigente viene señalando que los agentes locales de la CIA y los ex alumnos de la Escuela de las Américas, que en los ’80 trabajaron junto al Grupo de Tareas del Exterior argentino, “están junto a Micheletti en instituciones clave para la ejecución y gerencia del complot político contra Zelaya”.
A los cuatro asesinatos que la Cofadeh atribuye al terrorismo de Estado (hay varios más denunciados con fuertes sospechas) se sumó el crimen de Pedro Magdiel Muñoz, un partidario de Zelaya que se había movilizado hacia la frontera con Nicaragua para recibirlo: su cuerpo apareció en la madrugada del sábado en El Paraíso con evidentes signos de tortura. Según diversos informes, varios testigos vieron cuando fue detenido.
Los episodios de amenazas, censuras y detenciones son tantos que abruman y evidencian dos hechos incontrastables: el despliegue del aparato represivo, por un lado, y la voluntad de resistir y denunciar, por otro. Por citar unos pocos ejemplos: el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, Eulogio Chávez, denunció que lo siguen paramilitares dirigidos por Joya; la escritora y Premio Nacional de Literatura Helen Umaña aseveró ayer que le cortaron el teléfono cuando estaba por denunciar a una radio mexicana sobre lo que ocurre en su país: “Tengo miedo de hablar y sé que eso puede acarrearme la muerte”, dijo. Centenares de personas fueron detenidas o permanecen acorraladas en la frontera; dirigentes como Rafael Alegría, Salvador Zúñiga y Bertha Cáceres fueron detenidos (y luego puestos en libertad); una bomba estalló en una asamblea sindical; las marchas de protesta están infiltradas por policías y son filmadas.
Hay, respecto del aparato represivo, una sensación generalizada que bien puede sintetizarse en una declaración del dirigente sindical Carlos Reyes, el sábado pasado, tras el crimen de Magdiel y la explosión de la bomba: “Billy Joya es, hoy, la persona que está dirigiendo la seguridad del Estado”.
La primera dama avanza hacia el reencuentro
La esposa del presidente Manuel Zelaya, Xiomara Castro, avanza hacia el reencuentro con su esposo. Hace un mes, el golpe de Estado puso a su marido y presidente legítimo de Honduras fuera de las fronteras de su país. El viernes pasado, la primera dama, junto a sus hijos, Hortensia y José Manuel, además de la madre del mandatario, Hortensia Rosales, y su suegra, Olga Doris Sarmiento, emprendieron viaje terrestre hacia la frontera con Nicaragua para reunirse con Zelaya. Pero los retenes militares los detuvieron. La orden venía del propio dictador Roberto Micheletti y, por eso, desde el sábado, estuvieron detenidos al borde de la ruta a la altura del municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso. Ayer la Corte Suprema en Tegucigalpa dio autorización para que avanzaran. Del otro lado de El Paraíso, Zelaya los espera. “Espero verlos en las próximas horas”, afirmó un Zelaya emocionado. “Hoy (por ayer) la fuerza militar se ha doblegado, han salido para sus batallones a recluirse, porque ahora no solamente el pueblo los ha juzgado, sino el mundo entero”, señaló Castro al enterarse de la noticia.
La primera dama avanza en caravana. Varios vehículos repletos de zelayistas la escoltan. Los mismos retenes militares que hasta hace horas reprimían ahora se hacen a un lado a su llegada. Y el grupo sigue. Pretenden llegar en masa. “Hoy estamos felices porque sentimos libertad de poder desenvolvernos”, expresó la esposa del presidente que se puso al frente de las movilizaciones en las últimas semanas. “Pero la meta es que todos los hondureños que quieran llegar a la frontera puedan reconocer y saludar a su Presidente”, precisó.
No es fácil. No está claro a cuántos dejarán avanzar. La orden judicial fue emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego de aceptar un recurso de “hábeas corpus de locomoción” presentado ayer por Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh). “Este es un acto humanitario, de justicia, y la CSJ ha actuado en el marco de la ley”, explicó Pavón. El hábeas corpus fue interpuesto a favor de la familia y de los seguidores del derrocado mandatario, explicó Nery Roberto Velázquez, juez ejecutor.
Pero según testigos, no todos estaban encontrando pista libre. “En los últimos días los militares cometieron muchos atropellos. Han pasado muchas cosas, hay jóvenes que han perdido la vida”, sostuvo Castro. No obstante, en la caravana hay confianza. La primera dama afirmó que los militares comenzarán a retirarse cada vez más para que el pueblo no les reclame por sus acciones golpistas y represoras.
“Vamos a llegar al retén y allí pretendemos que ese ejército que hoy está deteniendo el paso se levante. Así como se les está abriendo paso a la primera dama y a su familia, queremos que se dé paso a toda la gente para que la economía no se detenga, para que pasen medicamentos, comida y agua, porque han pretendido que la gente muera de hambre”, le dijo Castro a la cadena multiestatal Telesur.
Al cierre de esta edición, faltaban pocos kilómetros para llegar a la frontera. La semana pasada, el gobierno de facto le ofreció a la familia un helicóptero militar para trasladarla hasta Nicaragua. Xiomara Castro lo rechazó y aseguró que era un intento por sacarla del país. Dijo que prefería llegar por tierra. Ayer parecía decidida a despejar todos los obstáculos. “Estamos llegando a otro retén donde hay más elementos de la policías. Vamos a bajar para asegurarnos de que éste también sea suspendido”, remarcó.
Zelaya, a su turno, ya festejó. “Después de treinta días de resistencia pacífica y enérgica contra este golpe, obtenemos otra victoria más y otra derrota para los golpistas”, estimó el mandatario desde su base de operaciones en la localidad nicaragüense de Ocotal.
EE.UU. les sacó las visas a cuatro golpistas
Ayer el Departamento de Estado suspendió la visa de cuatro funcionarios del régimen de facto y puso en revisión al resto. Hace cinco días que Washington espera la respuesta del dictador Roberto Micheletti sobre el plan de Arias.
Ayer el Departamento de Estado suspendió la visa de cuatro funcionarios del régimen de facto y puso en revisión al resto. Hace cinco días que Washington espera la respuesta del dictador Roberto Micheletti sobre el plan de Arias.
Al gobierno norteamericano se le acabó la paciencia con los golpistas hondureños. Ayer el Departamento de Estado suspendió la visa de cuatro funcionarios del régimen de facto y puso en revisión al resto. Hace cinco días que Washington espera la respuesta del dictador Roberto Micheletti sobre el plan presentado en Costa Rica para reinstalar al presidente Manuel Zelaya, y ayer Micheletti advirtió en un editorial en el Wall Street Journal que su decisión tomará unos días más. Por eso, explicó el vocero del Departamento de Estado, decidieron apretar un poco las tuercas, según sus propias palabras. De los cuatro funcionarios hondureños afectados, el régimen de facto de Tegucigalpa confirmó a dos: Tomás Arita, el juez que ordenó la detención de Zelaya, y Alfredo Saavedra, el diputado que reemplazó a Micheletti en la presidencia del Congreso después del golpe. Zelaya celebró la decisión, pero pidió seguir apretando las tuercas del régimen de facto.
“Es una medida correcta, pero debemos seguir insistiéndole a Estados Unidos para que apriete más a los golpistas y dé una demostración muy evidente de su repudio a este golpe de Estado”, aseguró Zelaya en una entrevista con Telesur desde su campamento en la frontera, a sólo unos kilómetros de Honduras. La suspensión de las visas a los golpistas era el gesto que el presidente hondureño y sus aliados le reclamaban a Washington desde hace semanas. Por eso ayer hasta el gobierno de Hugo Chávez celebró la decisión. El canciller venezolano Nicolás Maduro aprovechó la visita de su par español, Miguel Angel Moratinos, para felicitar a Washington. Su invitado, por su parte, prometió convencer a la Unión Europea para que siga los pasos del Departamento de Estado y suspenda las visas diplomáticas a todos los funcionarios del régimen de facto hondureño.
Mientras la decisión de Washington envalentonaba al resto de las potencias occidentales a aumentar la presión sobre el pequeño país centroamericano, en Tegucigalpa el régimen de facto no acusó recibo, o eso intentó demostrar. “No tengo ningún inconveniente que el señor embajador estadounidense Hugo Llorens nos quite, por lo menos a mí, la visa. No tiene un derecho justificado para hacerlo, pero Estados Unidos es Estados Unidos”, aseguró Micheletti anoche. Según dijo, nadie se comunicó con él, aunque algunas versiones periodísticas lo señalaban a él, a un general del Ejército y al presidente de la Corte Suprema como los otros posibles sancionados por Washington.
Uno de los que sí fueron afectados, el presidente de facto del Congreso, Saavedra, también le quitó dramatismo a la medida. “No es necesariamente que me quite el sueño, debo ser respetuoso de las decisiones de otros pueblos. Tenemos una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos y su pueblo. Su servidor siempre ha tenido afinidad y mucha relación directa y nosotros no tenemos ningún inconveniente”, señaló y se confesó optimista para el futuro.
Saavedra sabe que el gobierno norteamericano aún está lejos de romper todo vínculo con el gobierno hondureño. Hasta ahora la Casa Blanca suspendió la ayuda militar y toda la asistencia financiera directa –como también lo hizo la Unión Europea, el Banco Mundial y el BID–, pero aún comparte programas multilaterales con el país centroamericano. Ayer Ian Kelly, el vocero del Departamento de Estado, anunció que estos últimos también están bajo revisión y podrían ser suspendidos si la dictadura no acepta el plan presentado en Costa Rica.
“Estamos tratando de hacer todo lo que puede para apoyar el proceso de mediación del presidente costarricense, Oscar Arias”, explicó Kelly. Desde Washington se niegan a dar por muerto el diálogo en San José y siguen reclamando una respuesta de la dictadura hondureña. Zelaya ya aceptó el plan, pero ayer Micheletti volvió a pedir más tiempo. “Estamos dispuestos a continuar las discusiones cuando la Corte Suprema, el fiscal general y el Congreso analicen la propuesta del presidente Arias”, señaló en un editorial que publicó ayer el diario The Wall Street Journal.
La negativa del presidente de facto irritó a Zelaya, quien había moderado sus palabras en los últimos días, especialmente con los militares hondureños y el gobierno norteamericano. Desde su campamento en la frontera, el presidente hondureño rechazó, enojado, la invitación para volver a Washington y reclamó a Washington más contundencia contra los golpistas. “Si Washington quiere hablar conmigo que envíe a un delegado aquí a Ocotal (Nicaragua) –sentenció y agregó, para explicar su decisión–, Clinton debe darse cuenta de que con la aprobación de muchos círculos de la derecha norteamericana en el poder, incluyéndose senadores, este golpe está manteniéndose allí.” El fin de semana un grupo de senadores norteamericanos conservadores visitaron Honduras para evaluar la situación política, pero sus conclusiones son aún un misterio.
Ver nota madre P/12
