EN MEXICO TAN SOLO EN ENERO HUBO 904 VICTIMAS, SI SE MULTIPLICA POR DOCE LA CIFRA SE TORNA ESPELUZNANTE
Lugar común, la muerte en manos de los narcos
El gobierno de Felipe Calderón parece no inmutarse ante las masacres cotidianas en la pelea que entabló con el crimen organizado. Los medios locales apenas lo cubren: una nota más de unos muertos más de una jornada sangrienta más.
Foto: Familiares asistieron al entierro de siete de los 18 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
“Está cabrón, muy cabrón”, dice un diputado del PRI, mientras saca sus cuentas sobre el saldo de la guerra contra el narco en el primer mes de este año: 904 muertos, y contando. Luego multiplica por 12 los asesinados de enero y la cifra es escalofriante: a ese paso, el año terminaría con 10.848 ejecutados. Ahí la llevamos: súmense los 18 adolescentes ejecutados durante una fiesta en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los primeros minutos del 1º de febrero, la mayoría jugadores de un equipo estudiantil de fútbol americano. Y otros 10 en un bar en Torreón, Coahuila, un par de horas después.
Lo peor tal vez no sean los asesinados, que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que esas vidas perdidas se convierten en números que ya no alarman. La violencia se ha convertido en un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística.
La administración de Felipe Calderón parece no inmutarse ante las masacres cotidianas. Como si fueran buenas noticias que justifican su guerra, los asesinatos se integran a un discurso que ha repetido hasta la náusea: mueren los narcos, vamos ganando.
Y como Calderón, ningún funcionario de ningún nivel de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal se hace responsable de la descomposición que vive el país. Nadie da la cara, nadie rinde cuentas, nadie tiene la dignidad de renunciar, por más que la gente lo exija.
Al día siguiente de la masacre, entre los féretros de los jóvenes chihuahuenses asesinados, una madre llora más de rabia que de tristeza. “A ver, que Calderón traiga a vivir para acá a sus hijos, pero sin escolta. Si a él le hubieran matado a un hijo, ya estaría moviendo cielo y tierra para castigar a los culpables. Pero nuestros hijos no le importan.”
La mujer tiene razón. Ni el presidente ni el resto de la clase política mexicana lo encuentran relevante, es apenas materia de discursos que, de tan manidos, sólo escuchan entre ellos.
Lo que más indigna no es la indiferencia, sino la burla. El secretario de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, Víctor Valencia de los Santos, renunció a su cargo la mañana del mismo 1º de febrero, pero no por vergüenza, sino para buscar la candidatura del PRI precisamente a la alcaldía de Ciudad Juárez. De todos modos no había mucho que hacer, la investigación del crimen en Ciudad Juárez tuvo que esperar 24 horas: ese día fue feriado y el Ayuntamiento cerró. Calderón estaba en Japón cuando ocurrió el crimen múltiple y apenas atinó a decir que todavía no sabía bien qué había ocurrido.
Los mexicanos ni siquiera cuentan de su lado a los grandes medios electrónicos, caracterizados por la espectacularización y la banalidad: los noticieros de televisión llevaban una semana dedicando horas de transmisión a la cobertura del ataque al jugador paraguayo de fútbol Salvador Cabañas, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza cuando estaba en el baño de un bar, la madrugada del 25 de enero. Pero a la masacre de Juárez apenas le dieron unos segundos. Una nota más de unos muertos más de una jornada sangrienta más. Eso ya no es noticia, y menos si los muertos no son famosos o trabajan para una empresa de las propias televisoras, como Cabañas, delantero del América, propiedad de Televisa, que lo cobija como a un mártir, mientras su rival, TV Azteca, especula sobre los malos pasos del seleccionado uruguayo.
La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envueltas directamente en ella. El resto intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso les pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos.
Durante el sepelio de los jóvenes deportistas asesinados en Ciudad Juárez, la madrugada del lunes pasado, uno de los jugadores de Jaguares de Cotis, un chavo de apenas 15 años, dice que está harto de Ciudad Juárez, harto de México.
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Lo peor tal vez no sean los asesinados, que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que esas vidas perdidas se convierten en números que ya no alarman. La violencia se ha convertido en un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística.
La administración de Felipe Calderón parece no inmutarse ante las masacres cotidianas. Como si fueran buenas noticias que justifican su guerra, los asesinatos se integran a un discurso que ha repetido hasta la náusea: mueren los narcos, vamos ganando.
Y como Calderón, ningún funcionario de ningún nivel de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal se hace responsable de la descomposición que vive el país. Nadie da la cara, nadie rinde cuentas, nadie tiene la dignidad de renunciar, por más que la gente lo exija.
Al día siguiente de la masacre, entre los féretros de los jóvenes chihuahuenses asesinados, una madre llora más de rabia que de tristeza. “A ver, que Calderón traiga a vivir para acá a sus hijos, pero sin escolta. Si a él le hubieran matado a un hijo, ya estaría moviendo cielo y tierra para castigar a los culpables. Pero nuestros hijos no le importan.”
La mujer tiene razón. Ni el presidente ni el resto de la clase política mexicana lo encuentran relevante, es apenas materia de discursos que, de tan manidos, sólo escuchan entre ellos.
Lo que más indigna no es la indiferencia, sino la burla. El secretario de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, Víctor Valencia de los Santos, renunció a su cargo la mañana del mismo 1º de febrero, pero no por vergüenza, sino para buscar la candidatura del PRI precisamente a la alcaldía de Ciudad Juárez. De todos modos no había mucho que hacer, la investigación del crimen en Ciudad Juárez tuvo que esperar 24 horas: ese día fue feriado y el Ayuntamiento cerró. Calderón estaba en Japón cuando ocurrió el crimen múltiple y apenas atinó a decir que todavía no sabía bien qué había ocurrido.
Los mexicanos ni siquiera cuentan de su lado a los grandes medios electrónicos, caracterizados por la espectacularización y la banalidad: los noticieros de televisión llevaban una semana dedicando horas de transmisión a la cobertura del ataque al jugador paraguayo de fútbol Salvador Cabañas, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza cuando estaba en el baño de un bar, la madrugada del 25 de enero. Pero a la masacre de Juárez apenas le dieron unos segundos. Una nota más de unos muertos más de una jornada sangrienta más. Eso ya no es noticia, y menos si los muertos no son famosos o trabajan para una empresa de las propias televisoras, como Cabañas, delantero del América, propiedad de Televisa, que lo cobija como a un mártir, mientras su rival, TV Azteca, especula sobre los malos pasos del seleccionado uruguayo.
La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envueltas directamente en ella. El resto intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso les pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos.
Durante el sepelio de los jóvenes deportistas asesinados en Ciudad Juárez, la madrugada del lunes pasado, uno de los jugadores de Jaguares de Cotis, un chavo de apenas 15 años, dice que está harto de Ciudad Juárez, harto de México.
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LA ESTRATEGIA DE COMBATE DEL GOBIERNO MEXICANO NO DIO RESULTADO
El Estado no puede con los carteles
Desde México, D. F.
Tras las masacres en Ciudad Juárez y en Torreón, la madrugada del lunes pasado, casi medio centenar de mantas fueron colocadas en cuatro estados del país en un solo día, con un narcomensaje dirigido ya no a las autoridades, como de costumbre, sino ahora a toda la sociedad mexicana.
La Familia Michoacana, uno de los carteles de la droga más eficientes de los últimos lustros, “convoca a todos los mexicanos a organizarnos en una gran familia contra Zetas”, su rival más acérrimo, con el que disputa el control de vastos territorios por todo el país.
El desafío al Estado mexicano es brutal, comenta el historiador Lorenzo Meyer durante una mesa de discusión radiofónica. La Familia “está diciendo que en México no hay Estado, es otra forma de plantear que vivimos en un Estado fallido, porque simplemente el Estado no puede contra los Zetas”.
Para el analista, las mantas “revelan que la iniciativa política contra un grupo criminal es tomada por otro grupo criminal, al margen del Estado”.
Y es que la administración de Felipe Calderón luce no sólo rebasada, sino que es apenas reactiva. Tras el violento inicio de semana, el presidente admitió durante una conferencia de prensa en Tokio que se ha “convencido” de que ya no basta la acción policíaca y militar en Ciudad Juárez, pues se requiere una nueva estrategia integral para recomponer el tejido social y anunció que en los próximos días presentará una estrategia integral para mejorar las acciones contra delitos de impacto tan fuerte como el ocurrido en Chihuahua. Una de esas acciones sería el retorno de los militares a los cuarteles y que vuelva la policía federal y estatal al combate del crimen organizado. La medida es tardía, por decir lo menos. Desde que Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, más de 16.000 personas han sido asesinadas.
De hecho, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2001 hubo 1080 personas ejecutadas en México; en 2002, la cifra subió a 1230 y en 2003 a 1290. En 2004 hubo 1304 ejecuciones; otras 1776 en 2005 y 2221 en 2006, el último año de la presidencia de Vicente Fox.
A partir de 2007, ya con Calderón en la presidencia, la situación se comienza a descomponer con rapidez. En ese año hubo 2712 ejecutados. Para 2008 alcanza ya a niveles insoportables y cierra el año con 5661 muertos. En 2009 los asesinatos suman 7724, de los cuales 3250 fueron en Chihuahua y, de ellos, 2635 ocurrieron nada más en Ciudad Juárez. Tan sólo el año pasado hubo una ejecución cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. Es decir, durante las dos últimas administraciones del derechista Partido Acción Nacional 24.998 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con el crimen organizado reconocidas oficialmente. Entre 2007 y 2009, en la guerra de Calderón, se ha ejecutado en México a 16.097 personas. Y contando. Los números varían según la fuente. Un diario registra 16.885 ejecutados durante la administración de Calderón.
El oficialismo insiste en que casi todos los muertos son narcos, que se están matando entre ellos o caen abatidos por el ejército, la armada o las policías. Pero ni de lejos es cierto. Son cientos, tal vez miles de ciudadanos comunes, personas inocentes, las que han sido víctimas de esta insensata guerra, desatada por Calderón como un instrumento político para legitimarse en el poder, ya que no pudo hacerlo en las urnas.
Existen otras formas de violencia que asfixian a México. Por ejemplo, desde 2001 y hasta finales de 2008 se habían cometido 20.560 secuestros en el país, pero solamente fueron denunciados un 25 por ciento. Es decir, en México se cometen 2500 secuestros al año, siete por día. Otras formas de agravio son menos evidentes, pero no por ello menos alarmantes. Según Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la tasa de impunidad total alcanza “un escandaloso 98,76 por ciento”. O lo que es lo mismo: de cada 100 delitos cometidos, no se castigan ni dos. “Y eso es un decir”, comenta Carbonell.
El Estado no puede con los carteles
Desde México, D. F.
Tras las masacres en Ciudad Juárez y en Torreón, la madrugada del lunes pasado, casi medio centenar de mantas fueron colocadas en cuatro estados del país en un solo día, con un narcomensaje dirigido ya no a las autoridades, como de costumbre, sino ahora a toda la sociedad mexicana.
La Familia Michoacana, uno de los carteles de la droga más eficientes de los últimos lustros, “convoca a todos los mexicanos a organizarnos en una gran familia contra Zetas”, su rival más acérrimo, con el que disputa el control de vastos territorios por todo el país.
El desafío al Estado mexicano es brutal, comenta el historiador Lorenzo Meyer durante una mesa de discusión radiofónica. La Familia “está diciendo que en México no hay Estado, es otra forma de plantear que vivimos en un Estado fallido, porque simplemente el Estado no puede contra los Zetas”.
Para el analista, las mantas “revelan que la iniciativa política contra un grupo criminal es tomada por otro grupo criminal, al margen del Estado”.
Y es que la administración de Felipe Calderón luce no sólo rebasada, sino que es apenas reactiva. Tras el violento inicio de semana, el presidente admitió durante una conferencia de prensa en Tokio que se ha “convencido” de que ya no basta la acción policíaca y militar en Ciudad Juárez, pues se requiere una nueva estrategia integral para recomponer el tejido social y anunció que en los próximos días presentará una estrategia integral para mejorar las acciones contra delitos de impacto tan fuerte como el ocurrido en Chihuahua. Una de esas acciones sería el retorno de los militares a los cuarteles y que vuelva la policía federal y estatal al combate del crimen organizado. La medida es tardía, por decir lo menos. Desde que Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, más de 16.000 personas han sido asesinadas.
De hecho, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2001 hubo 1080 personas ejecutadas en México; en 2002, la cifra subió a 1230 y en 2003 a 1290. En 2004 hubo 1304 ejecuciones; otras 1776 en 2005 y 2221 en 2006, el último año de la presidencia de Vicente Fox.
A partir de 2007, ya con Calderón en la presidencia, la situación se comienza a descomponer con rapidez. En ese año hubo 2712 ejecutados. Para 2008 alcanza ya a niveles insoportables y cierra el año con 5661 muertos. En 2009 los asesinatos suman 7724, de los cuales 3250 fueron en Chihuahua y, de ellos, 2635 ocurrieron nada más en Ciudad Juárez. Tan sólo el año pasado hubo una ejecución cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. Es decir, durante las dos últimas administraciones del derechista Partido Acción Nacional 24.998 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con el crimen organizado reconocidas oficialmente. Entre 2007 y 2009, en la guerra de Calderón, se ha ejecutado en México a 16.097 personas. Y contando. Los números varían según la fuente. Un diario registra 16.885 ejecutados durante la administración de Calderón.
El oficialismo insiste en que casi todos los muertos son narcos, que se están matando entre ellos o caen abatidos por el ejército, la armada o las policías. Pero ni de lejos es cierto. Son cientos, tal vez miles de ciudadanos comunes, personas inocentes, las que han sido víctimas de esta insensata guerra, desatada por Calderón como un instrumento político para legitimarse en el poder, ya que no pudo hacerlo en las urnas.
Existen otras formas de violencia que asfixian a México. Por ejemplo, desde 2001 y hasta finales de 2008 se habían cometido 20.560 secuestros en el país, pero solamente fueron denunciados un 25 por ciento. Es decir, en México se cometen 2500 secuestros al año, siete por día. Otras formas de agravio son menos evidentes, pero no por ello menos alarmantes. Según Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la tasa de impunidad total alcanza “un escandaloso 98,76 por ciento”. O lo que es lo mismo: de cada 100 delitos cometidos, no se castigan ni dos. “Y eso es un decir”, comenta Carbonell.
