El organismo denunció que las pesquisas se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la policía
(AP). Una misión de Amnistía Internacional (AI) que investiga en Perú los hechos de violencia durante una protesta en la amazonia denunció el jueves que las pesquisas oficiales se centran más en los posibles delitos cometidos por los indígenas que en los aparentes excesos de la policía.
Susan Lee, directora del programa regional para las Américas de AI y miembro de la misión que visita el Perú, exhortó al Gobierno a emprender una investigación independiente y exhaustiva de los sucesos para aliviar el clima de tensión que dijo que aún subsiste en Bagua, donde estalló el conflicto el 5 de junio.
La misión de AI, que inició sus indagaciones el 12 de julio, coincidió con el reporte oficial del Gobierno de que hubo 33 muertos —23 policías y 10 civiles, cinco de ellos aborígenes— en los enfrentamientos que se desataron en Bagua entre fuerzas de seguridad y nativos durante una operación policial de despeje de una carretera tomada por indígenas.
Lee dijo que el único desaparecido tras esos acontecimientos es un mayor de la policía, cuyo paradero aún se desconoce.
Señaló que recibieron muchos testimonios sobre “violaciones a los derechos humanos preocupantes” y un “excesivo uso de la fuerza por parte de la policía en contra de los manifestantes”.
No obstante, las investigaciones de la Fiscalía se centran principalmente en los supuestos delitos cometidos por civiles más que en los que pudo haber cometido la policía, dijo Lee.
“Llama la atención que mientras hay investigaciones abiertas y procesos encausados contra personas acusadas de la muerte de policías, no hay hasta ahora detenidos o implicados en cuanto a los abusos cometidos que derivaron en las muertes de los manifestantes de las comunidades indígenas o pobladores de Bagua”, dijo la activista en una entrevista con AP.
“Se ve que hay un desequilibrio en cuanto al enfoque de las investigaciones”, sostuvo.
Lee indicó que en Bagua aún persiste un clima de “mucha tensión, zozobra e incertidumbre”.
“Es patente que hay un nivel de desconfianza de la población en cuanto a si estas investigaciones realmente logren establecer los hechos y determinar responsabilidades”, anotó.
Al nerviosismo contribuye la presencia de militares en zonas urbanas de la región, pese a que ya fue suspendido el estado de emergencia.
Lee dijo que el Gobierno debe promover una investigación profunda de los hechos, suspender todas las concesiones petroleras o gasíferas en la selva a la que se oponen los nativos, garantizar las reparaciones para todas las víctimas y ofrecer ayuda a los heridos, que según la Defensoría del Pueblo fueron 200 personas, de las cuales más de 80 sufrieron heridas de bala.
Los nativos protestaban por dos decretos que abrían las puertas a la venta de sus territorios ancestrales para actividades petroleras y gasíferas. El gobierno dio marcha atrás y derogó los decretos el 18 de junio, comprometiéndose además a revisar la legislación concerniente a la selva con los indígenas.
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