lunes, 7 de febrero de 2011
Egipto, centro de atención mundial tras 14 días de protesta
jueves, 20 de enero de 2011
La impunidad ante delitos como el esclavismo sería un retroceso de siglos para la democracia en la región
Defensora de los derechos de los haitianos pide apresar y juzgar a Duvalier
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martes, 13 de abril de 2010
Inicio viaje

Para mayores detalles ver: Carta recuperada

Estoy descansado y dispuesto a una larga caminata (eso quiere decir "sin dinero") :)
viernes, 9 de abril de 2010
Tiempo de reflexión II
Mientras tanto son muchas las cosas que me vienen a la mente: recuerdos, proyectos... Lo bueno de las telenovelas -a diferencia de la vida- es que nos brindan la sensación de certeza mediante la idea de continuidad. Al hoy le sigue el mañana y así sucesivamente, en un orden y con una claridad que no tenemos en nuestras vidas reales. Pero tampoco esto está mal, es una manera sesgada de lidiar con nuestros asuntos.
Una amiga que acabo de hacer me preguntaba ayer por el tipo de libros que quiero escribir. Le respondí que en este momento tengo en mente por lo menos dos: uno académico y otro de ficción. ¿Porqué? El primero para escribir una historia que habría querido leer y que no encontré; y el segundo para contar con un texto que hizo falta en mi formación. Perlas de sabiduría de un literato que alcanzó los 42 años de edad.
Otra cosa que tengo clara: no he perdido la fe, pero mi esperanza no la tengo depositada en los hombres, sólo en El Altísimo (al decir de don Quijote) puedo depositar todas mis certezas. No sé dónde me encontraré exactamente la próxima semana, por ejemplo, pero recordaré a Jesús caminando sobre las aguas sin dejarse arrastrar por la tormenta (el temor).
Esperar, aguardar. Me siento como una moneda en el aire: sin saber de qué lado caer (a diferencia de un gato).
Una frase que recogí de la calle pensando en una amiga que atraviesa por una etapa especial en su vida; en una escalinata dedicada a la memoria de Mahatma Gandhi: "Haber olvidado cómo colocar la semilla en la tierra es haberse olvidado de uno mismo." No sé si estoy en lo correcto, pero para mí ésta es la verdadera medida de la vida.
Tal vez esta sea la manera que encuentro de responderle a mi hermana que se casa mañana y me ha pedido hacer el esfuerzo por estar presente en su boda: ella está en Bolivia y yo en Ecuador.
jueves, 25 de marzo de 2010
8º día de huelga
martes, 23 de marzo de 2010
Hacia el mediodía se nubló un día que prometía
6º día de huelga de hambre
jueves, 18 de marzo de 2010
A partir de este momento entro en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias
A partir de este momento ingreso en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Me encuentro en la esquina de la Avenida 10 de Agosto y Vicente Ramón Roca (frente al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en Quito) hasta que se cumpla el respeto a mis derechos humanos más elementales. Me expongo a la inseguridad, violencia callejera y el crudo invierno al hacer vigilia en la calle, pero llevo años viviendo en condiciones de igual o mayor extremo. No permitiré ser perseguido, usado y manipulado nuevamente, como lo he sido desde que salí de México, llegué a Bolivia (mi país), al atravesar Perú y aquí mismo, en Ecuador como solicitante de refugio.2.- Pido a Dios para que ilumine a los gobernantes de nuestros países para que no permitan convertir a nuestros países en campo de experimentos militares y teorías paranóicas.
Que Dios nos guarde.
Ver más
LA CARTA EN CUESTIÓN (la publico para que no se especule ni se tergivesen las cosas más de lo que ya han hecho)
Quito, 26 de febrero de 2010
Sr. Embajador
Director General de Refugio
Presente.-
De mi mayor consideración:
Franklin Farell Ortiz, de nacionalidad boliviana, con certificado de solicitante de refugio No. 322-09C07852, solicito:
1. Se suspenda mi procedimiento de solicitud de refugio ya que he decidido desistir de dicha petición. Los motivos son que considero haber sido mal informado o engañado por personal bajo su autoridad al proponerme un trámite de solicitud de refugio al gobierno de Ecuador de manera paralela y sin ninguna interferencia con el que venía realizando ante la embajada Suiza de la ciudad de Lima, Perú. Esta es la segunda vez en que me encuentro en la penosa situación de tener que renunciar al refugio político en Ecuador. Simpatizaba con el proceso democrático que venía sucediendo en el país y con el país mismo, el cual siento muy próximo por las semejanzas culturales con el mío. Pero además de las razones ya expuestas en dos entrevistas ante su personal que me llevaron a abandonar de manera urgente e imprevista mi país, a atravesar el Perú en condiciones extremadamente peligrosas de persecución y terrorismo, en estos siete meses de aguardar por una respuesta o señal de avance del procedimiento en su oficina he podido constatar que la persecución, hostilidad, hostigamiento e imposibilidad de conseguir en empleo y establecerme son las mismas que me llevaron a dejar mi país, con el agravante de que aquí soy extranjero. Soy una persona que cree en la solidaridad y la lealtad, y en ese sentido creí haber encontrado un lugar donde establecerme y desarrollar una vida propia, no impuesta por las circunstancias de constantes maniobras y manipulaciones políticas como las que sufrí en el pasado. Bolivia y Ecuador son sociedades muy parecidas y adolecen de los mismos problemas, con algunas diferencias que no conviene enumerar aquí; baste con recordar que en este lapso de tiempo he sido atacado físicamente, amenazado de muerte de manera permanente -durante la última semana casi a diario-. Es decir, no sólo no existen las condiciones de seguridad física ni condiciones materiales de subsistencia, sino que mi situación de inseguridad tiende a deteriorarse aún más y de manera acelerada; no quiero aguardar a que las amenazas de “el o los” grupos políticos se concreten. Creo que la Comisión Especial que sigue mi caso contará con pruebas suficientes de lo dramático que es mi situación y de las condiciones en que he vivido en estos meses y podrá comprobar que no se trata de una impresión mía lo que precipita mi decisión; durante este tiempo ha habido un cambio de Canciller incluso y mi situación legal de incertidumbre no ha variado.
2.- Se me entregue una copia del expediente de mi solicitud de refugio, en función del derecho que tengo de acceder a los documentos o archivos que sobre mi persona constan en la Dirección General de Refugiados. Agradeciendo de antemano su respuesta, Franklin Farell OrtizCertificado Provisional No. 322-09C07852
ESCRITO A MANO -POR LA FALTA DE PRIVACIDAD EN INTERNET- AGREGUÉ UNAS NOTAS QUE DECÍAN ASÍ:
P.S.1.- Hago responsable al gobierno de Bolivia por el fracaso de mis gestiones de solicitud de refugio polìtico ante la Embajada de Suiza en Lima y ante el gobierno de Ecuador. En concreto: al vicepresidente Alvaro Garcìa Linera y el canciller Choqueguanca.
P.S.2.- Debo ser enfàtico al afirmar –como lo he hecho cada vez que he podido ser escuchado- que no pertenezco a ninguna organizaciòn polìtica, militar ni religiosa, ni pùblica ni privada. Es necesario aclarar esto porque ello ha sido motivo de mentiras y engaños acerca de mi persona. Cualquier persona que afirme lo contrario simplemente miente.
La Razón, Bolivia (jueves marzo 18 de 2010)
Marinkovic financió a Rózsa, asegura su ex colaborador
Contacto. Habla del grupo La Torre y afirma que huyó presionado• El acusado. Sale del IDIF después de declarar por más de 4 horas.
Carlos Corz - La Paz
Branko Marinkovic envió dinero a la organización terrorista de Eduardo Rózsa, a través del grupo La Torre, reveló el ex hombre de confianza del ex cívico y encargado de entregar esos dineros, Juan Kudelka. También denunció que fue obligado a huir del país.
Kudelka estuvo 11 meses fuera del país porque —explicó— fue presionado por abogados de Marinkovic para permanecer en el exterior con informes que le advertían que tenía órdenes de apremio en su contra y que podía ser remitido a la cárcel. Estuvo en Brasil y luego en Estados Unidos.
Una vez que retornó al país, el martes solicitó declarar y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, le tomó declaraciones por más de cuatro horas en La Paz. Minutos antes, abogados del Ministerio de Gobierno se reunieron con Soza en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
“Efectivamente, yo llevé dinero de Branko Marinkovic a La Torre, posteriormente a eso, el señor Luis Orlando Justiniano me pidió que llevase el dinero a un señor Germán (Rózsa). Desconozco la cantidad, porque eran sobres cerrados”, reveló a la prensa.
Rózsa utilizó el nombre de Germán Aguilera Roca. Entretanto, Justiniano administraba dineros de La Torre, grupo que se dedicaba, según informó el ex prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, a organizar campañas como las que antecedieron al referéndum autonómico de mayo del 2007.
“Jamás fui parte de un grupo de toma de decisiones, jamás me enteré de qué es lo que estaba pasando por debajo”, sostuvo Kudelka, quien agregó que llevó en tres oportunidades, por orden de Marinkovic, dineros a La Torre y que vio en dos ocasiones a Rózsa.
Un informe de una comisión multipartidaria del Congreso concluyó que el grupo La Torre organizó y financió al grupo terrorista. Soza también considera que este último jugó un rol preponderante en este caso.
El 16 de abril del 2009, un grupo de élite policial desarticuló al grupo liderado por Rózsa, quien fue abatido junto a Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Elöt Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos y encarcelados en San Pedro.
Ana Sara Landau, activista de la autonomía, señaló que tiene datos de que el ex hombre de confianza de Marinkovic fue persuadido en Argentina a declarar. “Están manipuladas sus declaraciones”, dijo a la red Uno.
Kudelka afirmó, por el contrario, que declaró por su “voluntad y que jamás he sido obligado a decir cosas que no son”. Añadió que no se presentó antes por presiones de los abogados de Marinkovic, aunque no los identificó.
Soza informó que uno de estos abogados sería Nemet Matkovic, pariente de Zvonko Matkovic, quien fue citado para ser interrogado por el caso terrorismo. La situación de los abogados será analizada para ver si se los incluye en el proceso o se les instaura otro.
El abogado de Marinkovic, Víctor Peralta, rechazó la denuncia.
Kudelka también mencionó que vio en el grupo La Torre a Pablo, hermano del ex prefecto Costas, y al periodista José Pomacusi.
Sobre Justiniano, Soza recordó que está prófugo de la justicia y añadió que también se reveló otros nombres de personas que estarían involucradas en este caso y que serán citadas a declarar.
“Mi intención no es involucrar, ni fregar (molestar) a nadie”, aseguró Kudelka, quien anoche informó a la red PAT que goza de protección policial ante el temor sobre su seguridad personal.
Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo y testigo clave de la Fiscalía, involucró a la cúpula político-empresarial cruceña con el grupo de Rózsa, entre ellos al líder de los empresarios cruceños, Mauricio Roca, quien declaró ante Soza.
Kudelka, dijo el fiscal, se defenderá, por ahora, en libertad. Entretanto, Marinkovic, según sus abogados, está “a buen recaudo”.
Pomacusi pide no manchar nombres
El periodista y director de la revista Poder y Placer y del programa No mentirás, José Pomacusi, negó ayer relación alguna con el grupo del abatido Eduardo Rózsa y exigió no manchar su nombre ni trayectoria profesional.
Pomacusi respondió de esta manera a las declaraciones del ex hombre de confianza de Branko Marinkovic, Juan Kudelka, quien reveló ante el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, que vio al periodista en el grupo La Torre.
“Lamento que se pueda manchar nombres limpios y trayectoria construida en base a honestidad y trabajo”, cuestionó.
Según Pomacusi, si en ocasiones visitó lugares vinculados con los líderes cívicos de Santa Cruz fue estrictamente en calidad de periodista invitado.
“De ahí en más cualquier tipo de insinuación la considero una falta de respeto a mi honor, trayectoria y un juego irresponsable con nombres de personas”, dijo.
Kudelka, ex gerente de Marketing de Industrias Oleaginosas (IOL) e investigado por el caso terrorismo, identificó a Pomacusi como un asistente más a las reuniones del grupo La Torre.
“No voy a emitir juicios de valor. Sólo voy a decir que me parece una falta de respeto involucrar a gente honesta, trabajadora y con prestigio ganado”, insistió Pomacusi.
Dirección: http://www.la-razon.com/versiones/20100318_007035/nota_247_971617.htm
miércoles, 10 de marzo de 2010
Informe de ONU sobre Colombia
Explicó que los ilegales también han dirigido sus ataques a quienes poseen propiedades de su interés o sospechan que son colaboradores de grupos contrarios o hacen parte de grupos rivales con los que se disputan territorios, así como desmovilizados que se niegan a integrarse al grupo o por ajustes de cuentas.
Muestra inquietud por el despliegue de estos grupos en zonas urbanas y rurales, donde participan en actividades de narcotráfico, extorsión desalojo de tierras, prostitución y trata de blancas, así como la alianza o acuerdos especialmente en tráfico de drogas con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Agregó que se ha constatado un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a los activistas de derechos humanos.
Pillay señaló que hubo una reducción de los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas, especialmente por la implementación por parte del gobierno de un manual de operaciones con ordenes precisas en el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Resaltó que las ejecuciones extrajudiciales en 2009, según la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, registró siete casos, frente a los 144 de 2008 y 464 de 2007.
El gobierno colombiano al responder el informe afirmó que "mantendrá con firmeza su política de total apertura y transparencia" y su disposición de continuar cooperando con la comunidad internacional bajo preceptos de respeto y principios éticos adquiridos en los instrumentos internacionales.
Aseveró que el informe de la ONU "hace una justa valoración de los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en Colombia".
sábado, 20 de febrero de 2010
Un país de "batracios"

Caricatura acerca de la iniciativa delirante del presidente Uribe por convertir su país en un gran campo policial (de la edición electrónica de la revista colombiana Cambio).
jueves, 18 de febrero de 2010
La receta se profundiza
Intervención telefónica y uso de grabaciones, en ley antisecuestro de Calderón
El Senado dio entrada a la iniciativa con la que se endurecen las sanciones para ese delito en sus diversas modalidades, como la pena de 40 años hasta cadena perpetua a los involucrados en casos donde la víctima pierda la vida.
Notimex Publicado: 18/02/2010 16:05
México, DF. El Senado dio entrada a la iniciativa de ley antisecuestro enviada por el presidente Felipe Calderón con la que se endurecen las sanciones para ese delito en sus diversas modalidades.
En la iniciativa de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, el Ejecutivo federal propone castigar con 40 años hasta cadena perpetua a los involucrados en casos donde la víctima pierda la vida.
También plantea cadena perpetua al servidor público de alguna institución de seguridad pública que participe en el secuestro de un menor o de un mayor de 70 años.
La iniciativa establece la creación de un sistema integral de protección a víctimas y testigos además de crear unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia.
También propone que los secuestradores cumplan su condena o reclusión preventiva en cárceles de entidades distintas a donde se cometió el delito, con el fin de fraccionar las bandas de raptores. Tipifica la modalidad conocida como secuestro exprés y la detención de personas en calidad de rehén. Además castiga a quienes simulen su propio secuestro y a quienes financien, recauden o aporten fondos económicos para personas u organizaciones que operen esos delitos.
Establece que las procuradurías General de la República (PGR) y estatales podrán solicitar a la autoridad judicial federal autorización para la intervención de comunicaciones privadas.
También se podrá obtener información en lugares públicos mediante instrumentos y técnicas que permitan amplificar y grabar conversaciones a distancia, cuando existan indicios de que aquéllas estén relacionadas con las conductas previstas en esta iniciativa.
Las autoridades de los gobiernos federal y de los estados deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en delitos en la materia.
Amnistía Internacional sobre homicidio de periodista estadunidense
Pide Amnistía Internacional hallar al real homicida de Brad Will
Demandó garantizar la integridad de Juan Manuel Martínez y compensarlo por el sufrimiento innecesario tras su detención injusta.
Notimex Publicado: 18/02/2010 15:24
México, DF. Amnistía Internacional (AI) celebró la liberación de Juan Manuel Martínez, acusado de la muerte del periodista norteamericano Brad Will, y demandó que se investigue realmente quién fue el responsable del homicidio.
Al fijar su postura en ese caso, el capítulo México de AI señaló que "ve con beneplácito la liberación", pero pidió una investigación sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las violentas protestas en Oaxaca.
La directora adjunta para las Américas de AI, Karrie Howard, dio a conocer un pronunciamiento donde señala que la libertad de Martínez llegó con retraso.
Recordó que un tribunal federal ordenó la liberación del acusado por insuficiencia en las evidencias con las cuales "fue detenido injustamente".
Asimismo demandó garantizar la integridad personal de Juan Manuel Martínez, quien debe además recibir una compensación por parte del Estado por el sufrimiento innecesario tras su detención injusta.
HRW: el Departamento de Justicia es cómplice del paramilitarismo colombiano
Un informe del International Human Rights Law Clinic de Berkeley concluye que el Departamento de Justicia de EE.UU. obstaculizó los procesos de los 25 jefes “paras” extraditados.
Foto: Hernando Giraldo Serna fue extraditado el 13 de mayo de 2008 junto a otros jefes paramilitares.
Por María Laura Carpineta
Por acción e inacción, el gobierno norteamericano ayudó para que los crímenes de los paramilitares en Colombia quedaran impunes. La acusación no la hizo una organización de derechos humanos ni un dirigente de izquierda de Bogotá, sino un equipo de abogados de la Universidad de Berkeley, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Esta semana el International Human Rights Law Clinic de Berkeley publicó Verdad tras las rejas, un informe que describe cómo el Departamento de Justicia estadounidense manejó los procesos penales por narcotráfico contra los 25 miembros extraditados de la cúpula paramilitar colombiana. “Como representantes de las familias de las víctimas de los crímenes de los paramilitares, enviamos cartas al Departamento de Justicia pidiendo que reconocieran la existencia de víctimas en Colombia. La respuesta por escrito siempre fue que, para ellos, no existen víctimas colombianas del narcotráfico, el delito por el que se los juzga aquí”, explicó a este diario Roxanna Altholz, una de las abogadas del equipo.
El 13 de mayo de 2008, los colombianos y el mundo se enteraron de que los principales responsables de más de treinta mil asesinatos, innumerables sesiones de torturas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados habían sido extraditados a Estados Unidos, sin avisarle a nadie, ni a las víctimas ni a los jueces que los estaban juzgando. Ese día, para aplacar el aluvión de críticas, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, prometió que las víctimas, sus abogados y los jueces colombianos tendrían el acceso, la información y la colaboración necesarios para avanzar con los juicios por violaciones a los derechos humanos en el país andino. Un año y ocho meses después, eso no sucedió.
Desde el principio hasta la fecha, el Departamento de Estado restringió toda la información referente a los juicios. No se conocen las pruebas en su contra, ni lo que los acusados declararon ni los argumentos para cada condena. “Las extradiciones redujeron sustancialmente la cooperación de los acusados en los procesos de derechos humanos y corrupción, obstaculizaron el acceso a las víctimas colombianas y debilitaron los esfuerzos norteamericanos contra el narcotráfico, al forzar a la Corte Suprema colombiana a bloquear las futuras extradiciones de paramilitares por cargos de tráfico de drogas”, concluyó el informe.
Ayer, el máximo tribunal en Bogotá volvió a rechazar la extradición de un líder paramilitar (ver recuadro). El año pasado, tras varias visitas a Washington e intentos frustrados para negociar una colaboración real, los jueces de la Corte habían decidido contraatacar. “La experiencia reciente demuestra que las extradiciones permitieron que en los procesos de justicia y paz se paralice el conocimiento de la verdad, dado que los extraditados no han podido seguir confesando sus crímenes y, así, las víctimas están quedando sin saber la verdad, y la sociedad, sin garantías de que no se repitan”, había dictaminado el tribunal.
El gobierno estadounidense había permitido en este tiempo unas pocas videoconferencias entre la Corte Suprema colombiana y algunos de los paramilitares. Los acusados debían declarar sobre los vínculos que cosecharon con gran parte de la dirigencia política de su país, especialmente aliados del presidente Alvaro Uribe. Cuando el mandatario dio la orden de extraditarlos, más de 60 legisladores, varios de sus ministros y hasta su primo estaban siendo investigados.
Cuando los líderes paramilitares llegaron a tierra estadounidense, todos prometieron seguir confesando y comenzar a entregar los bienes que habían ganado a fuerza de sangre y terror. Pero con el pasar de los meses y la aparición de las primeras sentencias (desde cuatro hasta treinta y un años de prisión), los paramilitares perdieron el incentivo para colaborar con la Justicia colombiana. Hasta el momento hay ocho condenas, y la mayoría ya se declaró culpable y espera para los próximos meses su sentencia.
“El Departamento de Justicia tiene muchas herramientas para hacer que los paramilitares cooperen con las víctimas, pero no las está utilizando”, cuestionó Altholz. Propuso dos: reducir las penas y ofrecer visas a los familiares de los paramilitares, algunos de los cuales sufrieron atentados en Colombia.
La tercera opción es un poco más osada. “Si el gobierno quisiera los podría procesar por torturas, como lo hizo con Chukie Taylor, el hijo del dictador de Liberia”, sugirió la abogada. El mes pasado, la jueza federal Cecilia Altonaga condenó al joven de 31 años a 97 años de prisión por torturas y ejecuciones sumarias. Desde 1994 Estados Unidos tiene una ley federal que establece que toda persona que torturó, dentro o fuera del país, puede ser juzgada si es detenida en territorio norteamericano.
Los paramilitares colombianos cumplen con esos requisitos y con el impuesto por la jueza Altonaga: “Actuamos porque es difícil imaginarse ofensas tan serias contra la dignidad y la vida de los seres humanos”.
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó ayer la solicitud de extradición a Estados Unidos del jefe paramilitar Edgar Cobo Téllez, alias Diego Vecino. El lider desmovilizado está siendo procesado por crímenes de lesa humanidad en su país y, según estableció el tribunal, aún tiene mucho por contar. En Estados Unidos, en cambio, lo reclaman por el envío de varias toneladas de cocaína a ese país. “Debe primar el deber de velar por la protección y la asistencia a las víctimas”, decidió la Corte en su fallo. Según informó la Fiscalía colombiana esta semana, los paramilitares que pasaron por los tribunales locales ya confesaron más de treinta mil asesinatos y muchos más casos de torturas, amenazas y desplazamientos forzados. La mayoría de la cúpula de ese grupo armado fue extraditada a Estados Unidos, pero los que se quedaron siguen dando nombres. Ayer, Daniel Rendón Herrera, alias Don Diego, acusó al ex jefe del Ejército y actual embajador en República Dominicana, el general Mario Montoya, de haber recibido 750 mil dólares en 2004 de los paramilitares.
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sábado, 6 de febrero de 2010
Honduras, exilio
VIOLENCIA POLITICA EN LA HONDURAS DE PORFIRIO LOBOTorturas y secuestros
Dos camarógrafos de televisión denunciaron haber sido secuestrados y torturados con un machete. Una militante de la Resistencia desapareció y fue encontrado su cadáver.
(Foto) Honduras está viviendo un nuevo exilio, hacia Nicaragua, de miembros de la Resistencia al gobierno.
Los secuestros, las torturas y hasta los asesinatos de militantes opositores continúan bajo el gobierno “democrático” de Porfirio Lobo. Ayer dos camarógrafos del canal público denunciaron haber sido secuestrados y torturados por personas a las que definieron como policías de civil, el martes a la noche. “Me pusieron un machete en el cuello y me dijeron que si no decía dónde estaban las armas me botaba la cabeza... pero la única arma que nosotros usamos es nuestra cámara”, declaró anteayer Manuel de Jesús Murillo, en las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh). Tuvieron suerte. Cuando a ellos los liberaban, en las afueras de Tegucigalpa un grupo de vecinos descubría el cadáver de Vanesa Cepeda, otra militante de la Resistencia.
La enfermera de 28 años y madre soltera de tres chicos y un bebé de cuatro meses había desaparecido a las 15 del martes. “Aún no sabemos cómo se la llevaron, estamos todavía hablando con su familia y sus amigos”, explicó del otro lado del teléfono Bertha Oliva, titular de la Cofadeh. Lo único que saben con certeza es que apareció tres horas después en un descampado, con una importante contusión en la frente. Para ella nada cambió con el traspaso de la banda presidencial el 27 de enero pasado. “Vanesa trabajaba en el Seguro Social y sus jefes le hacían la vida imposible por ser parte de la Resistencia”, recordó Oliva. Aún no pudieron acceder al informe del forense pero, según le confirmó la familia de la víctima, no había recibido ningún disparo ni mostraba señales evidentes de tortura.
Murillo y su compañero Ricardo Vázquez sí tenían marcas. En las muñecas, por estar horas maniatados y algunos golpes en la espalda. “Nos metieron bolsas de plástico hasta que casi nos ahogamos. Fueron segundos, pero durante ese tiempo uno sabía que estaba en manos de alguien que lo podía matar cuando quisiera”, contó Murillo. Según su relato, los agarraron en una estación de servicio a las 21 del martes en las afueras de la capital. “De repente llegó una camioneta Toyota de lujo y se bajaron varios hombres armados. Nos encañonaron y uno le gritó a las personas que estaban en el lugar: ‘Estos son los que acaban de asaltar a una señora’.”
Nadie preguntó ni llamó a la policía. Las familias de Murillo y Vázquez tampoco se animaron a llamar a las autoridades cuando no aparecieron en toda la noche. En la casa de Murillo sabían que de nada serviría. El domingo 28 de noviembre, el mismo día de las elecciones presidenciales, la policía había allanado la pequeña vivienda, sin dar explicaciones, para llevarse solamente tres remeras y varios stickers que tenía el camarógrafo de la época que acompañaba al ex presidente derrocado, Manuel Zelaya, en su campaña por un referéndum constitucional.
“Vivimos en un país donde la Justicia no existe”, no se cansa de repetir una y otra vez la veterana dirigente de derechos humanos, Oliva. Por eso, hace más de un mes que comenzó a tramitar el exilio de las víctimas de secuestros, detenciones arbitrarias y amenazas recurrentes. Inmediatamente después de denunciar públicamente su secuestro, Murillo y Vázquez partieron con rumbo a la vecina Nicaragua. “Cuando nos torturaban, nos decían cosas de nuestras familias; sabían cosas”, recordó Vázquez en su declaración ante el Cofadeh.
En Managua se encontrarán con otro periodista de la Resistencia hondureña exiliado, César Silva. Silva tuvo que dejar el país en año nuevo, después de vivir una historia similar. Lo secuestraron en las afueras de Tegucigalpa, lo encapucharon y lo torturaron una noche entera, en busca de pruebas de una novedosa resistencia armada, que aún no ha dado ninguna señal de existir.
Y no mencionan a Colombia... ¿tapar lo de las matanzas?
DURO INFORME DE LA INTELIGENCIA NORTEAMERICANA ANTE EL CONGRESO APUNTA A CHAVEZDisparan a Venezuela en Washington
(Foto) John Dinger, el jefe de la CIA Leon Panetta, Dennis Blair y el director del FBI, Robert Mueller, en el Congreso.
Por David Brooks Q
Desde Nueva York
El jefe de Inteligencia de EE.UU. informó al Congreso sobre las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos, e identificó el “populismo” antiamericano y anticapitalista encabezado por Venezuela como el más serio en América latina. A nivel mundial la lista incluye la guerra cibernética, la crisis económica, Al Qaida, el narcotráfico y el cambio climático.
En la evaluación de América latina, Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional, asegura que la gobernabilidad “democrática” permanece firme en la región, algo definido como gobiernos comprometidos con la “democracia representativa, liberalización económica y relaciones positivas con Estados Unidos”. Pero advirtió que en algunos países la “democracia y políticas de mercado” permanecen en riesgo por crimen, corrupción y mala gobernabilidad, algo que la crisis económica ha empeorado, y señaló a México y Centroamérica, donde los carteles de droga y la violencia “minan la seguridad básica”.
La otra amenaza a la gobernabilidad democrática proviene de “líderes populistas electos que proceden hacia un modelo político y económico más autoritario y estatista”. Mencionó a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y advirtió que estos países se han ligado para “oponerse a la influencia y políticas de Estados Unidos en la región”. Venezuela es identificada como el líder de estas fuerzas: “Hugo Chávez se ha establecido como uno de los detractores internacionales de Estados Unidos más reconocido, por sus denuncias contra la democracia liberal y el capitalismo de mercado, y su oposición a las políticas e intereses de la región”.
No sólo ha impuesto un “modelo político populista autoritario” en su país, sino que ha formado una alianza de “líderes radicales en Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, recientemente, Honduras”, que se oponen a casi toda iniciativa de política norteamericana en el área.
Ante esta evaluación, el embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Alvarez, envió una carta al Congreso en la que denuncia los calificativos hacia su país en la evolución de Inteligencia. “Como en años pasados, el informe está lleno de acusaciones políticamente motivadas y cínicas contra mi país... Venezuela es una nación soberana que demanda respeto a su derecho de marcar su propio destino”, afirmó. Agregó que este tipo de informes fueron empleados por el gobierno de George W. Bush para alentar el golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002. Advirtió a los legisladores que “una vez más estamos viendo intentos para criminalizar a nuestro gobierno y alentar a sectores de la oposición venezolana que buscan maneras no democráticas para alcanzar el poder”. En su carta responde punto por punto a las afirmaciones críticas hacia Venezuela.
Blair, en referencias breves a otros países de la región, señala que Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador continúan imponiendo cambios para mantenerse en el poder de manera autoritaria, y que las relaciones con Washington han empeorado desde que Morales expulsó al embajador estadounidense y agentes de la DEA y cuando Correa no renovó el contrato de una base militar. Mientras tanto, Brasil es calificado como lo mejor de la región: “Brasil, con una democracia estable y competitiva y una economía robusta, es una de las historias de éxito en la región”.
A la vez, advierte que el crimen y corrupción crecientes en el norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) ponen a prueba esos gobiernos, e indica que las tasas de homicidios ubican esa región entre las más violentas del mundo. Afirma que Honduras aún enfrenta “incertidumbre política” y que su nuevo gobierno tendrá que batallar para lograr el reconocimiento internacional a la vez que enfrenta la oposición de los simpatizantes “más radicales” del depuesto ex presidente Manuel Zelaya. Cuba ha “demostrado pocas señales de que desea una relación más cercana con Estados Unidos”, mientras atraviesa dificultades económicas, amortiguadas en parte por el petróleo venezolano. “El presidente Raúl Castro teme que un cambio económico rápido o significativo minaría el control del régimen y debilitaría a la revolución, y su gobierno muestra nula señal de aflojar su represión de disidentes políticos”.
A escala mundial, la principal amenaza que enfrenta Estados Unidos identificada por el jefe de Inteligencia se ubica no en algo físico, sino en el ciberespacio. “La seguridad nacional de Estados Unidos, nuestra prosperidad económica, el funcionamiento cotidiano de nuestro gobierno depende de una infraestructura de información pública y privada, la cual incluye telecomunicaciones, redes y sistemas de computación y la información dentro de éstas. Esta infraestructura está severamente amenazada”, afirmó.
La expansión exponencial del universo cibernético es vulnerable a aquellos que desean dañar los bienes públicos y privados “vitales a nuestros intereses nacionales”, indica Blair. “Enfrentamos a estados nación, redes terroristas, grupos de crimen organizado, individuos y otros actores cibernéticos con combinaciones diversas de acceso, sofisticación técnica e intención. Muchos tienen la capacidad para atacar elementos de la infraestructura informática de Estados Unidos para la recaudación de inteligencia, el robo de propiedad intelectual o la interrupción”, agregó, al anunciar masivas iniciativas para evaluar la amenaza.
Blair hizo referencia a una amplia gama de amenazas y preocupaciones, incluidas la crisis económica internacional, el reto de la energía, la amenaza latente de Al Qaida, la proliferación de armas de destrucción masiva y las dinámicas políticas en Medio Oriente, o países como China, India y Rusia. Recordó que el cambio climático tendrá implicaciones amplias para la seguridad estadounidense durante los próximos 20 años, ya que “agravar problemas mundiales existentes –como la pobreza, las tensiones sociales, la degradación ambiental, el liderazgo
inefectivo e instituciones políticas débiles– que amenazan la estabilidad estatal (...) El cambio climático por sí solo probablemente no detonará fracaso en ningún estado hasta 2030, pero podría contribuir potencialmente a conflictos intra, o menos probable, interestatales”.
* De La Jornada, de México. Especial para Página/12.
jueves, 4 de febrero de 2010
Informe de Human Rights Watch sobre los paramilitares en Colombia: el gobierno lo niega todo
La violencia de los nuevos paramilitares
El informe de la organización defensora de los derechos humanos describe la brutal participación de los nuevos grupos paramilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión.
La violencia parece no tener fin en Colombia. En un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), la organización denunció la existencia de “abusos graves y generalizados” perpetrados por nuevos grupos armados considerados los sucesores de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ONG criticó asimismo la gestión del presidente Alvaro Uribe por “no haber abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema, fracasando en hacer un esfuerzo serio en romper los vínculos, denunciar y castigar”. Ante las críticas, el gobierno colombiano salió a controlar los daños inmediatamente, calificando al informe de “mentiroso y basado en especulaciones.”
“Entre 2003 y 2006 Colombia implementó un proceso de desmovilización de la violenta coalición armada AUC. Según el gobierno, el proceso fue exitoso y desde entonces han afirmado en varias oportunidades que ya no existen paramilitares en su país. Sin embargo poco después de la desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo Colombia que continuaron con la actividad delictiva, logrando un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en el país”, reza la introducción del informe presentado ayer en Bogotá “Herederos de los Paramilitares: La nueva Cara de la violencia en Colombia”.
Tras dos años de trabajo de campo, el informe de 126 páginas describe la brutal participación de estos nuevos grupos armados en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia. Su presencia se extiende a prácticamente todo el país, habiéndose confirmado su actividad en 24 de los 32 departamentos colombianos.
“El gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes”, señaló de manera crítica el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. “Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón. Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude con ese proceso. Muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras”, indicó el responsable de la organización defensora de los derechos humanos.
Los nuevos grupos armados han logrado instalarse tanto en zonas rurales como en urbanas, destacándose el caso particular de Medellín, que sufrió un incremento del ciento por ciento en el número de homicidios durante el último año. De acuerdo con la policía nacional colombiana, el número de integrantes armados rondaría los 4000 miembros nucleados en ocho organizaciones diferentes. Sin embargo, HRW advirtió que algunas estimaciones llevarían esa cifra a los 10.000 integrantes. Estas bandas, con nombres como Aguilas Negras, Rastrojos o Los Paisas reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación, aseguró el dossier.
El surgimiento de los grupos sucesores era predecible de acuerdo con la HRW. El gobierno colombiano no logró desarticular las redes criminales de manera eficaz por una implementación inadecuada y mal concebida de las desmovilizaciones entre 2003 y 2006. Asimismo, la ONG manifiesta preocupación por las denuncias de supuesta “tolerancia” de algunos funcionarios del Estado y de sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los paramilitares. Fiscales y miembros de alto rango de la policía indicaron a la organización que esto obtaculiza su labor.
“Queremos recordar al gobierno del presidente Alvaro Uribe que tiene obligaciones para enfrentar a esos grupos y proteger a la población civil. Creemos que hay una actitud pasiva y un discurso dirigido a minimizar la importancia de este problema. No hay suficientes policías en las zonas en que actúan estos grupos y no vemos el despliegue de recursos necesarios. Tampoco notamos esfuerzos para enfrentar la tolerancia con estos grupos”, señaló el director de la HRW, mientras que expresó su confianza en que este informe sirva para redefinir las prioridades vigentes del actual gobierno en materia de seguridad.
El documento de la HRW fue tajantemente rechazado por el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva. “Es un informe que no se basa en la realidad. No tiene información, sino especulaciones, son generalidades que cuando uno las confronta con los hechos nunca son capaces de demostrarlo”, dijo el funcionario a los medios locales, tras cancelar la entrevista que tenía prevista ayer con Vivanco.
miércoles, 3 de febrero de 2010
Los derechos humanos siguen a la baja en la Colombia de Uribe
NO CONTENTO CON PEDIR QUE LOS ESTUDIANTES LO SEAN, EL PRESIDENTE DE COLOMBIA EXPANDE SU POLITICA DE SEGURIDAD
Uribe quiere a los taxistas de informantes
“Hay que escoger entre una cultura de pasividad frente al crimen o una cultura de compromiso contra él”, dijo el mandatario de línea dura con la insurgencia. “El espionaje no puede ser obligatorio”, opinó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina
Por Katalina Vásquez GuzmánDesde Medellín
Sin refrescar la polémica que produjo la propuesta de pagar a estudiantes informantes en Medellín, esta semana empezó otra controversia. Ahora el presidente Alvaro Uribe quiere en Cali –otra de las ciudades donde las disputas mafiosas dispararon la violencia– que los taxistas sean dotados con radios avanteles y se conviertan también en informantes. “Hay que escoger entre una cultura de pasividad frente al crimen o una cultura de compromiso contra el crimen”, dijo Uribe para justificar las propuestas que evidencian su interés por promover una cultura de espionaje y expandir la política de seguridad democrática, aun cuando ello disminuya las garantías y libertades de una democracia, como lo señalan los más críticos.
Para la oposición, los defensores de derechos humanos y algunos líderes del sector educativo, la propuesta de la semana pasada ya apuntaba a poner en riesgo a los mismos estudiantes y, en general, al Estado democrático. Hoy la preocupación aumenta por lo anunciado para los taxistas, pues durante el Consejo de Seguridad del lunes, cuando lanzó su propuesta, el presidente afirmó que los ciudadanos tendrán que escoger entre ser solidarios o encubridores del crimen.
“No puede ser obligatorio”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre la sentencia de Uribe. Para él, la afirmación “es un poquito dura. Las cosas no son así. Hay muchas personas que, debido a sus contextos familiares, personales y de barrio, no pueden trasmitir información porque ponen en peligro sus vidas”. Ospina cree que la ciudad que gobierna está pasando por “un momento donde la muerte acecha” y, justamente por eso, no es propio exponer a los 30 mil taxistas que trabajan allí obligándolos a “cooperar”. “Debe depender más del apoyo desinteresado y solidario y menos de una intención de crear vínculos como militantes”, explicó el alcalde en radiodifusoras nacionales.
Para los taxistas el botín prometido es de unos dos mil quinientos dólares, lo que supera ampliamente el auxilio mensual de cincuenta dólares ofrecido a los mil estudiantes universitarios que Uribe busca en Medellín para que aporten información a la policía y el ejército colombianos. Todo con el fin, se justifica, de reducir los índices de homicidios de jóvenes, principales víctimas de este crimen. El año pasado fueron 2174 en Medellín. En Cali, tan sólo en enero, fueron asesinadas 147 personas. Desde allí el presidente afirmó que “todo ciudadano que nos dé una información efectiva sobre un homicida va a recibir una recompensa básica de cinco millones de pesos”.
Johny Rangel, líder de la Red de Amigos de Taxistas Unidos de Cali, dijo que los conductores van a “colaborar”. Los taxistas están agremiados en esa red desde al año pasado, cuando fueron asesinados veinte de ellos. “Optamos por ser parte de la solución, no podemos seguir así”, afirmó a los medios. Al ser consultado sobre la obligación de pertenecer a la nueva red de informantes, Rangel dijo que “esto es una decisión individual”. “Pero no es que los taxistas adelanten labores de inteligencia en la ciudad –aclaró el alcalde–. Para ello se demandan personas muy calificadas, con muchas cualidades, talento e inteligencia, no un civil como es un taxista.”
Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, defendió la propuesta de Uribe diciendo que lo que se pretende es “darles a entender a los delincuentes que no pueden seguir, impunemente, victimizando al pueblo”. Y recordó que la “cooperación” de taxistas alrededor del crimen no es nada nuevo en Colombia. “Es promocionar la participación y canalizar la información de los taxistas hacia la Policía, una iniciativa que no es de ayer. Se tienen alianzas con ellos hace más de veinte años”, afirmó. Según la revista Semana, hoy existen unos 30 mil conductores de servicio público en diferentes ciudades colombianas que trabajan para la policía informando sobre movimientos sospechosos. Gracias a su oficio y a los equipos que manejan se les facilita alertar a las autoridades. Naranjo explica que “los taxistas son los mejores vigías de una ciudad y son una fuente de información valiosísima para proteger los intereses de la comunidad”.
El derecho a la vida lo tenemos que defender todos, fue la razón que dio Uribe al defender desde Davos la idea de estudiantes informantes en Medellín, y es hoy la misma explicación del alcalde de Cali para recomendar cuidado en la interpretación de la más reciente propuesta. “No hay que ponernos en riesgo. Esa no sería una apuesta apropiada”, concluyó Ospina.
EE.UU. ACHICA EL FINANCIAMIENTO AL PLAN COLOMBIA Y MERIDA
Un recorte a la ayuda antinarcótica
México y Colombia, los dos aliados latinoamericanos de Washington, también sufrieron por los recortes presupuestarios de Barack Obama para el 2011. El Plan Colombia recibirá 465 millones de dólares, 75 millones menos que este año, y su versión para México y Centroamérica, el Plan Mérida, obtendrá 410 millones, 140 millones menos. Ninguno de los dos países se quejó y desde el gobierno norteamericanos desmintieron cualquier malestar. “Ahora nos movemos a una etapa diferente del programa. Es una razón positiva para ver que los números bajen, pero hemos sido cuidadosos en este presupuesto de no mantener niveles por razones simbólicas sino usar lo más cuidadosamente posible los escasos recursos para la diplomacia y el desarrollo”, explicó el secretario adjunto de gerencia y recursos del Departamento de Estado, Jacob Lew.
Pero hace diez días un grupo de senadores demócratas le había pedido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que replanteara el Plan Colombia. Según una carta que salió a la luz, denunciaban que el plan no había producido avances significativos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia y Estados Unidos, y que además financiaba a unas Fuerzas Armadas con un grave historial de violaciones a los derechos humanos. Ayer el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, y su par colombiana en Washington, Carolina Barco, rechazaron que existiera una relación entre las críticas del ala progresista del oficialismo y la decisión de Obama de recortar los fondos.
Por las dudas, el ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva ya programó un viaje a Washington para el lunes próximo para recordarles a los legisladores demócratas la importancia del Plan Colombia, un plan en el que Estados Unidos ya lleva gastados más de 7000 millones de dólares. El vicepresidente Francisco Santos ya había intentado ganarse los corazones del ala progresista de los demócratas la semana pasada en la capital norteamericana. Todo indica que no tuvo suerte.
El lobby mexicano no fue tan evidente y ayer el gobierno de Calderón evitó hablar del tema. De los 410 millones del Plan Mérida, 310 millones estarán dedicados a México y los restantes cien a los países centroamericanos. Mérida es un programa de 1400 millones de dólares destinado a apoyar con material, personal y entrenamiento a las fuerzas de seguridad en México, América Central y el Caribe en su lucha contra el crimen organizado. Washington lo creó luego de que el presidente mexicano Felipe Calderón desplegara miles de soldados en todo su territorio para perseguir y combatir a los narcos en cualquier parte, una ciudad, un pueblo.

