Cuba, migrantes

Ni a Cuba ni a Estados Unidos conviene lo que sucede en materia migratoria entre ambos países. Cuando es el caso, la mayoría de los migrantes, al dejar su país por razones económicas (al igual que tantos otros países de la región) ingresa en un limbo jurídico y se convierte en presa fácil de traficantes de personas, grupos extremistas u organizaciones inescrupulosa que usan y abusan de la situación desesperada de la persona para su protagonismo político personal (FFO).

Silvio Rodríguez pide analizar las causas del éxodo de muchos jóvenes cubanos

LA HABANA (AFP) - El cantautor cubano Silvio Rodríguez abogó por estudiar las causas que hacen que muchos jóvenes cubanos tengan "como única aspiración emigrar", en una entrevista divulgada el viernes en La Habana.
"Hay que reflexionar, analizar", por qué muchos jóvenes cubanos "tienen como única aspiración emigrar" y "debemos escuchar a los jóvenes", dijo Rodríguez, de 63 años, en la entrevista publicada por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, en su página de internet.
"Un país sin jóvenes, está destinado a ser una sombra, un fantasma", añadió al calificar como positivo el debate abierto que promueven círculos intelectuales de la isla sobre la tendencia de un sector de la juventud cubana a emigrar, tema que consideró "lamentable y dolorosamente viejo, que ahora estamos ventilando".
"Lo primero que podría decir es qué bueno que hay un debate, que sea un tema que trascienda" y "que no nos estamos escondiendo para decirlo", apuntó el cantautor, ícono cultural de la revolución cubana. Rodríguez destacó que de esos intercambios "tiene que salir un crecimiento y un beneficio" sobre todo "para los jóvenes, que son, en definitiva, los que lo merecen".
Asimismo llamó a examinar "por qué los jóvenes cubanos no están a la altura de lo que nosotros queremos". "¿Estamos queriendo demasiado, estamos pidiendo demasiado de ellos?", se preguntó. La demanda de Rodríguez coincide con la realización en la isla de las reuniones de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) previas a su décimo congreso, convocado para el 3 y 4 de abril, en los que se analizan los problemas de la organización juvenil del gobernante Partido Comunista de Cuba.
La prestigiosa intelectual cubana, Grazziella Pogolotti, escribió recientemente en el diario Juventud Rebelde que "el enrarecimiento del diálogo necesario" con los jóvenes "puede tener consecuencias muy negativas" para la revolución.
En julio pasado, el creador del Instituto Cubano de Cine (ICAI), Afredo Guevara, abogó por renovar el discurso y estudiar los problemas que aquejan a la juventud cubana, parte de la cual está "entre vacía y banalizada" y la otra "plena de inquietudes e insatisfacciones". Según datos oficiales, legalmente emigraron, sobre todo a Estados Unidos, unos 37.000 cubanos en 2009, la mayoría jóvenes, sin contar con los que abandonan la isla de forma ilegal.

SEGUNDA RONDA ENTRE CUBANOS Y NORTEAMERICANOS, SIN RESULTADOS
Reunión en La Habana por migraciones

Funcionarios de Cuba y Estados Unidos se reunieron ayer en La Habana para discutir un nuevo acuerdo migratorio. “La reunión se desarrolló en un ambiente respetuoso. Ambas delegaciones evaluaron el comportamiento de los acuerdos migratorios vigentes entre los dos países”, señaló el comunicado oficial difundido en Washington. La de ayer fue la segunda ronda de diálogo; la primera había sido el año pasado en Nueva York.
Aún no hay resultados concretos, pero ambas partes coincidieron en que las negociaciones continuarán. Ayer se dedicaron a describir la situación de cada uno de los países y de hacer sus demandas. Según el comunicado oficial, Washington quiere garantías de que su Sección de Intereses Estadounidenses en Cuba pueda operar sin problemas, comprobar el bienestar de los emigrantes repatriados y lograr que el gobierno cubano acepte la repatriación de los nacionales cubanos que son excluibles por motivos penales. También reclamó la liberación del contratista norteamericano detenido a fines de 2009, acusado de financiar a la oposición.
La Habana, por su parte, reclamó más plazas diplomáticas para agilizar los trámites consulares en su Sección de Intereses Cubanos en Washington, garantizar una emigración legal, segura y ordenada entre los dos países, y cooperar de forma más efectiva en la lucha contra el tráfico ilícito de personas. “Además esperamos que algún día Estados Unidos nos responda a las propuestas que le hemos hecho adicionalmente para alcanzar acuerdos en otras áreas, como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, agregó el presidente del Congreso cubano, Ricardo Alarcón.
Las dos naciones, en pugna desde la victoria de la Revolución Cubana en 1959, firmaron el último acuerdo migratorio en 1994, después de que el gobierno de Bill Clinton enfrentara un aluvión inédito de balseros cubanos en las costas de Florida. Según el acuerdo, Washington se comprometió a entregar 20 mil visas anuales a ciudadanos cubanos y, a cambio, La Habana aceptaba recibir, sin sanciones, a los inmigrantes ilegales que fueran detenidos por la Guardia Costera norteamericana en altamar. Paralelamente siguió rigiendo en Estados Unidos la política de pies secos, que establece que los cubanos que llegan a territorio norteamericano reciben automáticamente la ciudadanía estadounidense. Los que son detenidos en el mar, antes de llegar a la costa, deben ser devueltos a la isla caribeña.
Ayer la isla recordó a través de un comunicado oficial que nada cambiará si se mantienen las leyes actuales. “No podrá garantizarse una emigración legal, segura y ordenada como establecen los acuerdos migratorios, mientras en los Estados Unidos continúen aplicándolas”, advirtieron. Desde el acuerdo de 1994 más de 300 mil cubanos recibieron visas legales para establecerse en Estados Unidos y cerca de 15 mil llegaron ilegalmente por tierra y mar. Sólo el año pasado 2200 hombres, mujeres y niños provenientes de la isla caribeña fueron detenidos en sus balsas por la Guardia Costera norteamericana. El número de los que fallecen en el intento no aparece en las estadísticas oficiales.
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HRW: el Departamento de Justicia es cómplice del paramilitarismo colombiano

ESTADOS UNIDOS NO RECONOCE A LAS VICTIMAS COLOMBIANAS

La impunidad no “para”

Un informe del International Human Rights Law Clinic de Berkeley concluye que el Departamento de Justicia de EE.UU. obstaculizó los procesos de los 25 jefes “paras” extraditados.

Foto: Hernando Giraldo Serna fue extraditado el 13 de mayo de 2008 junto a otros jefes paramilitares.

Por María Laura Carpineta
Por acción e inacción, el gobierno norteamericano ayudó para que los crímenes de los paramilitares en Colombia quedaran impunes. La acusación no la hizo una organización de derechos humanos ni un dirigente de izquierda de Bogotá, sino un equipo de abogados de la Universidad de Berkeley, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Esta semana el International Human Rights Law Clinic de Berkeley publicó Verdad tras las rejas, un informe que describe cómo el Departamento de Justicia estadounidense manejó los procesos penales por narcotráfico contra los 25 miembros extraditados de la cúpula paramilitar colombiana. “Como representantes de las familias de las víctimas de los crímenes de los paramilitares, enviamos cartas al Departamento de Justicia pidiendo que reconocieran la existencia de víctimas en Colombia. La respuesta por escrito siempre fue que, para ellos, no existen víctimas colombianas del narcotráfico, el delito por el que se los juzga aquí”, explicó a este diario Roxanna Altholz, una de las abogadas del equipo.
El 13 de mayo de 2008, los colombianos y el mundo se enteraron de que los principales responsables de más de treinta mil asesinatos, innumerables sesiones de torturas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados habían sido extraditados a Estados Unidos, sin avisarle a nadie, ni a las víctimas ni a los jueces que los estaban juzgando. Ese día, para aplacar el aluvión de críticas, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, prometió que las víctimas, sus abogados y los jueces colombianos tendrían el acceso, la información y la colaboración necesarios para avanzar con los juicios por violaciones a los derechos humanos en el país andino. Un año y ocho meses después, eso no sucedió.
Desde el principio hasta la fecha, el Departamento de Estado restringió toda la información referente a los juicios. No se conocen las pruebas en su contra, ni lo que los acusados declararon ni los argumentos para cada condena. “Las extradiciones redujeron sustancialmente la cooperación de los acusados en los procesos de derechos humanos y corrupción, obstaculizaron el acceso a las víctimas colombianas y debilitaron los esfuerzos norteamericanos contra el narcotráfico, al forzar a la Corte Suprema colombiana a bloquear las futuras extradiciones de paramilitares por cargos de tráfico de drogas”, concluyó el informe.
Ayer, el máximo tribunal en Bogotá volvió a rechazar la extradición de un líder paramilitar (ver recuadro). El año pasado, tras varias visitas a Washington e intentos frustrados para negociar una colaboración real, los jueces de la Corte habían decidido contraatacar. “La experiencia reciente demuestra que las extradiciones permitieron que en los procesos de justicia y paz se paralice el conocimiento de la verdad, dado que los extraditados no han podido seguir confesando sus crímenes y, así, las víctimas están quedando sin saber la verdad, y la sociedad, sin garantías de que no se repitan”, había dictaminado el tribunal.
El gobierno estadounidense había permitido en este tiempo unas pocas videoconferencias entre la Corte Suprema colombiana y algunos de los paramilitares. Los acusados debían declarar sobre los vínculos que cosecharon con gran parte de la dirigencia política de su país, especialmente aliados del presidente Alvaro Uribe. Cuando el mandatario dio la orden de extraditarlos, más de 60 legisladores, varios de sus ministros y hasta su primo estaban siendo investigados.
Cuando los líderes paramilitares llegaron a tierra estadounidense, todos prometieron seguir confesando y comenzar a entregar los bienes que habían ganado a fuerza de sangre y terror. Pero con el pasar de los meses y la aparición de las primeras sentencias (desde cuatro hasta treinta y un años de prisión), los paramilitares perdieron el incentivo para colaborar con la Justicia colombiana. Hasta el momento hay ocho condenas, y la mayoría ya se declaró culpable y espera para los próximos meses su sentencia.
“El Departamento de Justicia tiene muchas herramientas para hacer que los paramilitares cooperen con las víctimas, pero no las está utilizando”, cuestionó Altholz. Propuso dos: reducir las penas y ofrecer visas a los familiares de los paramilitares, algunos de los cuales sufrieron atentados en Colombia.
La tercera opción es un poco más osada. “Si el gobierno quisiera los podría procesar por torturas, como lo hizo con Chukie Taylor, el hijo del dictador de Liberia”, sugirió la abogada. El mes pasado, la jueza federal Cecilia Altonaga condenó al joven de 31 años a 97 años de prisión por torturas y ejecuciones sumarias. Desde 1994 Estados Unidos tiene una ley federal que establece que toda persona que torturó, dentro o fuera del país, puede ser juzgada si es detenida en territorio norteamericano.
Los paramilitares colombianos cumplen con esos requisitos y con el impuesto por la jueza Altonaga: “Actuamos porque es difícil imaginarse ofensas tan serias contra la dignidad y la vida de los seres humanos”.
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No extraditan a “Diego Vecino”

La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó ayer la solicitud de extradición a Estados Unidos del jefe paramilitar Edgar Cobo Téllez, alias Diego Vecino. El lider desmovilizado está siendo procesado por crímenes de lesa humanidad en su país y, según estableció el tribunal, aún tiene mucho por contar. En Estados Unidos, en cambio, lo reclaman por el envío de varias toneladas de cocaína a ese país. “Debe primar el deber de velar por la protección y la asistencia a las víctimas”, decidió la Corte en su fallo. Según informó la Fiscalía colombiana esta semana, los paramilitares que pasaron por los tribunales locales ya confesaron más de treinta mil asesinatos y muchos más casos de torturas, amenazas y desplazamientos forzados. La mayoría de la cúpula de ese grupo armado fue extraditada a Estados Unidos, pero los que se quedaron siguen dando nombres. Ayer, Daniel Rendón Herrera, alias Don Diego, acusó al ex jefe del Ejército y actual embajador en República Dominicana, el general Mario Montoya, de haber recibido 750 mil dólares en 2004 de los paramilitares.
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Por favor, que digan de una vez si es un delito ser aliado o amigo o simpatizante de Hugo Chávez para que me cuide yo también de no contagiarme

Hondureño Zelaya pide explicaciones a EEUU
2 horas, 18 minutos
Por Mario Naranjo

TEGUCIGALPA (Reuters) - El destituido presidente de Honduras Manuel Zelaya pidió el miércoles a Washington definir si apoya su vuelta al poder o si está con el Gobierno de facto que lo derrocó, un día después de que en el Congreso se postergó una sesión clave para votar sobre su futuro.
La semana pasada, y bajo la observación de Estados Unidos, Zelaya firmó un acuerdo con el Gobierno de facto que lo separó del poder a fines de junio con el que se buscaba poner fin a la peor crisis política en varias décadas del pobre país cafetero.
En sus puntos cruciales, la iniciativa pone en manos del Congreso el estudio del retorno de Zelaya al poder, fija una fecha para la conformación de un Gobierno de unidad nacional y allana el camino para que las elecciones presidenciales del 29 de noviembre sean reconocidas por la comunidad internacional.
Sin embargo Zelaya, en una carta abierta a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, acusó a Washington de no respetar el acuerdo al "reconocer las elecciones sin revertir el golpe de estado ni resolver la profunda crisis que afronta nuestro país".
En la misiva, leída por su asesor Rasel Tomé en las afueras de la sede diplomática de Brasil donde está refugiado Zelaya, se pide además a Clinton que "aclare al pueblo hondureño si la posición de su país ha sido modificada o ha cambiado sobre la condena al golpe de estado en Honduras".
La misiva fue dada a conocer después de que la comisión de verificación de la OEA, que llegó el martes a la capital hondureña, se reunió con Zelaya.
El mandatario fue derrocado el 28 de junio, cuando fue obligado a abandonar Honduras a punta de pistola por militares. Tras recoger el apoyo internacional durante su exilio forzado, volvió clandestinamente al país a finales de septiembre.
DESACUERDO POR APLICACION ACUERDO
Horas antes de difundir la carta, Zelaya aceptó la decisión del martes de la Junta Directiva del Congreso de pedir la opinión de los poderes judicial y ciudadano antes de votar la posibilidad de restituirlo.
Pese a que la resolución posterga la convocatoria a una sesión clave para debatir su futuro, el aún popular líder aliado del venezolano Hugo Chávez, dijo que el Congreso tenía derecho a ilustrarse y que la medida estaba incluida en el pacto.
Lo que no aceptó, y hasta consideró una ofensa, fue la convocatoria del Gobierno de facto para cumplir con el punto del acuerdo que fija al 5 de noviembre como plazo para instalar un Gobierno de unidad nacional.
El Gobierno de facto pidió a las diferentes fuerzas políticas, incluso a Zelaya, que le envíen sugerencias de nombres para integrar el Gobierno de unidad nacional.
Zelaya dijo que el acuerdo no establecía este mecanismo ya que el Gobierno de unidad nacional debía tener un presidente legítimo.
La comisión de verificación de la OEA lucha contra corriente para restituir a Zelaya y garantizar las elecciones y su posterior reconocimiento internacional, como lo expresó José Miguel Insulza, presidente del organismo.
Zelaya ha advertido de que en caso de no ser restituido esta semana la comunidad internacional desconocería las elecciones, que ya estaban convocadas desde antes de que fuera derrocado y que han sido tomadas como punta de lanza del Gobierno de facto como vía para poner fin a la crisis.
Como medida de presión dijo que dos candidatos presidenciales y varios candidatos seccionales, junto a organizaciones campesinas y populares, resolvieron no participar en las elecciones
(Editado por Hernán García)