Provincia de Buenos Aires
Detectan centenares de casos de trabajo semi esclavo e infantil
Unas 120 personas provenientes de Santiago del Estero fueron halladas trabajando en condiciones de semi esclavitud en Ramallo y Arrecifes. En Tres de Febrero hallaron a 6 menores y 28 mayores trabajando en un taller textil clandestino
07.01.2011
El nuevo hallazgo en Ramallo y Arrecifes se produjo luego de que entre el lunes 27 de diciembre y el martes 4 se detectaran otras 430 personas trabajando en similares condiciones en campos de San Pedro para las semilleras Nidera y Southern Seeds Production S.A: sin electricidad ni agua potable, amenazados físicamente, y muchos de ellos engañados en el pago de sus haberes por no saber leer ni escribir.
Los últimos operativos fueron realizados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y se dio intervención a la fiscalía Nº 6 de San Nicolás. Sumados estos más los operativos anteriores ya son unos mil las personas encontradas en condiciones paupérimas de trabajo.
Cabe recordar que los trabajadores rurales que desempeñaban sus labores en condiciones de semi esclavitud en campos de la zona de San Pedro, en el noreste bonaerense, cobraron sus haberes y regrasaron a su provincia de origen, Santiago del Estero, mientras que le fiscal que entiende en la causa dijo que los responsables detenidos podrían afrontar penas de entre 5 y 15 años de prisión.
En tanto, los Ministerios de Trabajo de Nación y Provincia encabezaron ayer un operativo de inspecciones en un taller textil ubicado la calle Pereyra 3859 de Ciudadela, partido de Tres de Febrero; donde se detectaron a 6 menores trabajando y a 28 mayores desarrollando tareas sin respetar la legislación laboral vigente.
Los trabajadores, en su mayoría de origen boliviano, se encontraban encerrados bajo llave, sin poder salir ni entrar del establecimiento y se desempeñaban en condiciones deficientes en materia de salud y seguridad, con dos baños individuales, problemas en las instalaciones eléctricas, con poca ventilación y con ausencia de matafuegos en condiciones de ser utilizados.
A su vez, además de no poseer documentación laboral que acredite su vínculo laboral, se pudo constatar que las personas trabajaban de lunes a sábado, 12 horas, de 7 a 19 para las marcas Riffle Dening Manufactured y Riffle Jeans y Vanderholl.
Dentro de las irregularidades, se reveló que había un niño de 3 años cortando hilo y dos chicos de 14 y 15 años manipulando máquinas de gran porte. Además, pudo constatarse que las mujeres vivían en el mismo lugar; mientras que los hombres eran dirigidos todos los días a dormir a habitaciones radicadas a 600 metros. En el lugar de trabajo, eran controlados por un reloj y un planillero que verificaba el cumplimiento de las horas trabajadas.
Los últimos operativos fueron realizados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y se dio intervención a la fiscalía Nº 6 de San Nicolás. Sumados estos más los operativos anteriores ya son unos mil las personas encontradas en condiciones paupérimas de trabajo.
Cabe recordar que los trabajadores rurales que desempeñaban sus labores en condiciones de semi esclavitud en campos de la zona de San Pedro, en el noreste bonaerense, cobraron sus haberes y regrasaron a su provincia de origen, Santiago del Estero, mientras que le fiscal que entiende en la causa dijo que los responsables detenidos podrían afrontar penas de entre 5 y 15 años de prisión.
En tanto, los Ministerios de Trabajo de Nación y Provincia encabezaron ayer un operativo de inspecciones en un taller textil ubicado la calle Pereyra 3859 de Ciudadela, partido de Tres de Febrero; donde se detectaron a 6 menores trabajando y a 28 mayores desarrollando tareas sin respetar la legislación laboral vigente.
Los trabajadores, en su mayoría de origen boliviano, se encontraban encerrados bajo llave, sin poder salir ni entrar del establecimiento y se desempeñaban en condiciones deficientes en materia de salud y seguridad, con dos baños individuales, problemas en las instalaciones eléctricas, con poca ventilación y con ausencia de matafuegos en condiciones de ser utilizados.
A su vez, además de no poseer documentación laboral que acredite su vínculo laboral, se pudo constatar que las personas trabajaban de lunes a sábado, 12 horas, de 7 a 19 para las marcas Riffle Dening Manufactured y Riffle Jeans y Vanderholl.
Dentro de las irregularidades, se reveló que había un niño de 3 años cortando hilo y dos chicos de 14 y 15 años manipulando máquinas de gran porte. Además, pudo constatarse que las mujeres vivían en el mismo lugar; mientras que los hombres eran dirigidos todos los días a dormir a habitaciones radicadas a 600 metros. En el lugar de trabajo, eran controlados por un reloj y un planillero que verificaba el cumplimiento de las horas trabajadas.
NUEVOS ALLANAMIENTOS
La olla destapada del trabajo esclavo
Un nuevo procedimiento judicial reveló que 120 trabajadores, provenientes de Santiago del Estero, trabajan "en condiciones ilegales y de esclavitud" en una estancia de la empresa Status Ager SA, en la localidad bonaerense de Ramallo y otras dos órdenes judiciales investigan dos casos similares. Como reveló Página/12, en la semana, se allanaron dos fincas rurales en San Pedro por presunta reducción a la servidumbre. En la causa judicial está involucrada la transnacional agrícola Nidera.
"Se encontraron 120 personas trabajando en condiciones de esclavitud, entre ellos niños", informó el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, respecto de orden de allanamiento que realizó la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Paula Moretti.
Piumato informó que "los trabajadores estaban divididos en dos cuadrillas, una de 40 personas y otra de 80, que trabajaban a ambos lados de la ruta 9, a la altura del kilómetro 195, en tareas rurales".Y agregó que estos trabajadores "viven en condiciones de esclavitud y duermen en carros", y que "se sospecha que también podría haber trata de personas, ya que se encontraron micros en los que los trabajadores podrían haber sido trasladados" desde la provincia de Santiago del Estero.
La empresa involucrada en este hecho ilícito es la alimenticia Status Ager SA, productora de semillas de maíz y soja desde 1996. Según figura en su página de Internet, la empresa posee dos instalaciones de acondicionamiento, emplea a más de 100 personas, y cultiva 6.500 hectáreas anualmente en la Pampa Húmeda y, sus exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Europa la coloca como "la empresa líder en exportación de semillas".
Por otra parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, ordenó una serie de allanamientos en dos causas abiertas por supuesta violación a la ley 26.364, relacionada con la trata de personas.
Uno de los allanamientos, a cargo de la DDI San Nicolás, tiene lugar en un campo ubicado en las afueras de la ciudad de San Pedro, y es encabezado por el propio Villafuerte Ruzo.
El otro operativo se desarrolla en la localidad de El Paraíso, en cercanías de la ciudad de Ramallo, y está a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.
Como informó Página/12, en los últimos quince días, el ministerio de Trabajo y el fiscal Nicolás Rubén Gianorio, titular de la UFI 6 de San Nicolás,realizaron dos operativos en los que también se encontraron personas oriundas de Santiago del Estero, un total de 189, que estaban trabajando "en condiciones infrahumanas" en dos estancias del municipio de San Pedro.
En el marco de estos hallazgos, también se está investigando la posibilidad de la existencia de una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, para establecimientos rurales.
Dos empresas estuvieron involucradas en los dos últimos allanamientos, en el mes de diciembre, una fue la multinacional Nidera, y la otra Southern Seeds Production SA (SSP).
Según dan cuenta los funcionarios de las fiscalías que intervienen en estos allanamientos, los trabajadores duermen hacinados en trailers de chapa, sin baño, sin agua corriente y, en algunos casos, sin luz.
Además, no cuentan con condiciones mínimas de higiene, salud y seguridad para realizar sus tareas. Las empresas involucradas cuentan, a partir de estos allanamientos, con un plazo de tiempo para presentar la documentación que acredite a los trabajadores y, de no tenerla, se les aplicará una multa de 5.000 pesos por cada uno de los trabajadores contratados en forma irregular.
Realizan marcha a favor de migrantes con fuerte dispositivo policial
viernes 7 de enero, 11:09 AM
Arriaga, Chis., 7 Ene. (Notimex).- Con un amplio dispositivo policial, se desarrolla la marcha que integrantes del llamado proyecto "Paso a paso hacia la Paz" organizaron para mostrar su apoyo al sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos del migrante.
"No es usual la presencia de tanta policía en el parque", señaló Josefa Macías, quien atiende a sus clientes habituales en el centro de la ciudad en su puesto de tacos y refrescos, quien agregó que es posible que la presencia de los elementos del orden se deba a la marcha que anunciaron.
Un grupo de 50 policías armados, uniformados con ropa de civil y granadas antimotines, se congregaron en el Centro de la ciudad, acompañado de grupos de policías locales y efectivos del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM).
De igual forma, se puede observar a trabajadores con chalecos del gobierno de Chiapas, adscritos a la Secretaría estatal de Salud, quienes fueron comisionados al centro de la ciudad, para "hacer búsqueda" de migrantes que pudieran requerir de sus servicios.
Asimismo, medios de comunicación locales, estatales y nacionales han sido destacados en esta marcha pacífica a favor de los migrantes y en apoyo al sacerdote, quien dirige el albergue "Hermanos en el Camino" ubicado en Ixtepec, Oaxaca, el cual da atención a migrantes.
En tanto, las vías del tren abandonadas son mudos testigos de la movilización que han emprendido activistas defensores de los derechos de los migrantes, cuya marcha arribó al Centro de la ciudad a las 10:00 horas.
UN INMIGRANTE MURIO BALEADO POR UN AGENTE FRONTERIZO DE ESTADOS UNIDOS
“La Migra” cruzó y mató en México
Ramses Barrón Torres tenía 17 años y fue encontrado muerto en las primeras horas del miércoles, después de haber sido herido por uniformados estadounidenses que estaban apostados en la zona fronteriza de Arizona. Un fiscal investiga.
Un adolescente mexicano murió en el norte de México tras recibir un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza de Arizona, fuerza conocida en México como “La Migra”. La fiscalía mexicana está investigando el caso. Mientras tanto, el ombudsman de México denunció que durante el año pasado hubo más de 214 secuestros masivos de migrantes en ese país.
Ramses Barrón Torres tenía 17 años y fue encontrado muerto en las primeras horas del miércoles, después de haber sido herido por uniformados estadounidenses que estaban apostados en la zona fronteriza de Arizona. La bala alcanzó al muchacho cuando estaba tratando de escalar la valla que divide a México de los Estados Unidos, dijeron desde la policía federal mexicana. Pero el chico no murió en el lugar sino que tres personas lo llevaron hasta el hospital de Nogales, una ciudad de 200 mil habitantes ubicada en el norteño estado de Sonora. “Lo dejaron allí y huyeron”, explicó Eliazar Alvarez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Nogales.Selma Berenice Barrón, la madre del adolescente, fue quien confirmó la identidad del chico. La joven mujer de 37 años habría visto que Ramses presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. Como confirmó la autopsia, la bala disparada desde el lado estadounidense le habría atravesado el brazo derecho, entrado por el pecho y perforado el pulmón. La fiscalía de Nogales abrirá una nueva causa por el homicidio del muchacho. El portavoz de la Patrulla Fronteriza, David Jimarez, dio explicaciones esquivas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del chico. “Hubo un agente involucrado en una balacera en Nogales, Arizona, pero los detalles son poco precisos. No tenemos información de las lesiones resultado de ese incidente”, se atajó el vocero.
La del miércoles no fue la primera muerte de un migrante en manos de los agentes estadounidenses apostados en la frontera. En mayo del año pasado, un inmigrante fue golpeado salvajemente y sometido a descargas eléctricas mientras se negaba a ser deportado. Tiempo después, murió por las heridas que le provocaron los uniformados. Un chico de catorce años también fue asesinado cuando supuestamente lanzaba piedras al lugar donde estaba la patrulla fronteriza.
Nogales, donde murió Barrón Torres, es una ciudad dividida por un gran muro de metal y es uno de los puntos más concurridos por los migrantes de México, Centroamérica y Sudamérica que quieren cruzar hacia Estados Unidos. También el paso por Nogales es uno de los más vigilados por la Patrulla Fronteriza, que todas las noches utiliza alta tecnología para cazar a los migrantes que tratan de escabullirse.
El ataque a Barrón Torres se da en medio de un creciente clima hostil contra los migrantes que se irradia desde Arizona, donde actualmente se debaten medidas discriminatorias que incluirían negarles la ciudadanía a los hijos de los indocumentados. En el estado comandado por la republicana Jan Brewer se adoptó en julio pasado una ley que busca frenar la migración y que está actualmente en vigencia, aunque la Justicia suspendió las partes más discriminatorias de la norma, que incluía un permiso para que la policía parara y pidiera documento a todo aquel que, por portación de cara, pudiera parecer un inmigrante “ilegal”.
Aldo Saracco, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, dijo a Página/12: “Los migrantes no son animales para que los traten y cacen de la forma en que lo hicieron con este jovencito de 17 años. Tratar de entrar a los Estados Unidos no los convierte en delincuentes”. El especialista agregó: “Definitivamente desde la implementación de la Ley Arizona se intensificó la caza de migrantes aunque no hubo la repatriación masiva que esperábamos”.
En tanto, el ombudsman mexicano, Raúl Plascencia, informó ayer que en 2010 se registraron 214 casos de secuestros masivos de inmigrantes en ese país. “No son secuestros individuales sino masivos, de hasta 100 o 150 migrantes y después se los traslada a un punto donde son víctimas de extorsión”, explicó el defensor de los derechos humanos. A mediados de diciembre, un contingente de 50 centroamericanos fue raptado en el estado sureño de Oaxaca y aún se desconoce el paradero de esas personas. Aunque un sacerdote que atiende un refugio para migrantes de la zona, Alejandro Solalinde, informó que habrían sido liberados en los últimos días en el norte de México. Como ejemplo más crudo de la denuncia del ombudsman aparece la masacre de Tamaulipas, ocurrida en agosto del año pasado, cuando 72 migrantes fueron asesinados en un rancho de ese estado norteño después de haber sido capturados por la banda narco Los Zetas.
Informe: Luciana Bertoia.
(6 enero 2011) Estados Unidos. Iniciativa presentada por varios congresistas estatales del Partido Republicano. Los indocumentados que buscan “anclarse” con sus hijos son una “invasión” y un “veneno” para Estados Unidos, aducen los parlamentarios.
Teresa Bouza. Washington. EFE.
Varios representantes estatales de EEUU propusieron negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, una iniciativa polémica con la que dicen querer proteger al país de la que describen como “invasión” migratoria.
La 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza ahora la ciudadanía a todos los nacidos en el país, algo que la media docena de representantes estatales dijo querer cambiar.
Legisladores republicanos de Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania buscan introducir proyectos de ley en sus asambleas legislativas para exigir que los padres prueben su estatus migratorio antes de obtener un certificado de nacimiento estándar para sus bebés.
Esos políticos contemplan la posibilidad de crear dos tipos de certificados de nacimiento, uno para los niños de ciudadanos y otro para los hijos de indocumentados.
Su esperanza es que la iniciativa desate una oleada de litigios que permita que el conflicto se resuelva finalmente a su favor.
Los promotores de la iniciativa dijeron que los indocumentados son una “invasión” y un “veneno” y adujeron que muchos inmigrantes sin papeles cruzan la frontera con el único fin de tener hijos en EEUU y “anclarse” en el país.
“Económicamente esta tendencia es insostenible”, dijo Jack Murphy, senador estatal de Georgia, quien considera que la inmigración ilegal cuesta miles de millones de dólares anuales a EEUU.
Los hijos de indocumentados no pueden impedir la deportación de sus padres y sólo pueden presentar la documentación para solicitar que se conviertan en residentes legales tras cumplir 21 años.
Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), dijo que lo que proponen los legisladores estatales es “inconstitucional”. “Lo que están planteando es que distintos estados tengan distintos ciudadanos, algo completamente inviable en los tiempos en que vivimos, en los que la gente se mueve regularmente por todo el país”, explicó Sáenz.
Para el responsable de Maldef la iniciativa es “una manifestación más de un grupo pequeño pero cada vez más visible” que se caracteriza por sus posturas antiinmigrantes y antilatinos y que quiere construir su carrera política “a base de demonizar a un grupo de gente y de crear divisiones en el país”.
Activistas como Jack Mahony fueron desalojados hoy de la rueda de prensa en la que se explicó la propuesta, en Washington, tras interrumpir el acto al grito de “esta iniciativa es inhumana, ignorante y racista”.
“El lenguaje que se está usando en la sala es un insulto para los padres fundadores de Estados Unidos cuya visión se asentó en una sociedad abierta y hospitalaria”, explicó Mahony a los medios.
Similar opinión comparte Michael Wilson, otro de los activistas expulsados del acto, quien pronosticó que propuestas como la planteada hoy no saldrán adelante.
La convocatoria mereció también el rechazo de grupos pro inmigrantes como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que señaló en un comunicado que los estados no deberían negar los certificados de nacimiento estándares a algunos de sus residentes.
“La igualdad ante la ley de todos los nacidos en EEUU es uno de los motores centrales de la igualdad que defiende la Constitución”, afirmó Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
Datos
Enmienda. La 14 enmienda de la Constitución estadounidense se adoptó en 1868 y restó validez a un dictamen del Tribunal Supremo de 1857 que sostenía que ni los esclavos liberados ni sus descendientes podrían convertirse en ciudadanos.
Jurisprudencia. La enmienda sostiene que la ciudadanía es aplicable a “todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU y sujetas por lo tanto a la jurisdicción” del país.
La buena onda de Lincoln Chafee
1] El nuevo gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, derogó una orden que reprimía a los indocumentados y ordenó a la policía estatal que ponga fin a un acuerdo que le permite asistir al gobierno federal en la materia. La orden de 2008 obligaba a todos los organismos estatales y contratistas del gobierno a verificar por medio del sistema federal E-verify el estatus inmigratorio de empleados nuevos. También obligaba a la policía estatal a entrar en un acuerdo con las autoridades federales de inmigración.
2] Dos hermanos hispanos de Colorado, veteranos de la Guerra de Vietnam y criados en EEUU, podrán permanecer un año más en este país luego de que un juez decidiera postergar hasta el 2012 la ejecución de la orden de deportación, ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Teresa Bouza. Washington. EFE.
Varios representantes estatales de EEUU propusieron negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, una iniciativa polémica con la que dicen querer proteger al país de la que describen como “invasión” migratoria.
La 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza ahora la ciudadanía a todos los nacidos en el país, algo que la media docena de representantes estatales dijo querer cambiar.
Legisladores republicanos de Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania buscan introducir proyectos de ley en sus asambleas legislativas para exigir que los padres prueben su estatus migratorio antes de obtener un certificado de nacimiento estándar para sus bebés.
Esos políticos contemplan la posibilidad de crear dos tipos de certificados de nacimiento, uno para los niños de ciudadanos y otro para los hijos de indocumentados.
Su esperanza es que la iniciativa desate una oleada de litigios que permita que el conflicto se resuelva finalmente a su favor.
Los promotores de la iniciativa dijeron que los indocumentados son una “invasión” y un “veneno” y adujeron que muchos inmigrantes sin papeles cruzan la frontera con el único fin de tener hijos en EEUU y “anclarse” en el país.
“Económicamente esta tendencia es insostenible”, dijo Jack Murphy, senador estatal de Georgia, quien considera que la inmigración ilegal cuesta miles de millones de dólares anuales a EEUU.
Los hijos de indocumentados no pueden impedir la deportación de sus padres y sólo pueden presentar la documentación para solicitar que se conviertan en residentes legales tras cumplir 21 años.
Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), dijo que lo que proponen los legisladores estatales es “inconstitucional”. “Lo que están planteando es que distintos estados tengan distintos ciudadanos, algo completamente inviable en los tiempos en que vivimos, en los que la gente se mueve regularmente por todo el país”, explicó Sáenz.
Para el responsable de Maldef la iniciativa es “una manifestación más de un grupo pequeño pero cada vez más visible” que se caracteriza por sus posturas antiinmigrantes y antilatinos y que quiere construir su carrera política “a base de demonizar a un grupo de gente y de crear divisiones en el país”.
Activistas como Jack Mahony fueron desalojados hoy de la rueda de prensa en la que se explicó la propuesta, en Washington, tras interrumpir el acto al grito de “esta iniciativa es inhumana, ignorante y racista”.
“El lenguaje que se está usando en la sala es un insulto para los padres fundadores de Estados Unidos cuya visión se asentó en una sociedad abierta y hospitalaria”, explicó Mahony a los medios.
Similar opinión comparte Michael Wilson, otro de los activistas expulsados del acto, quien pronosticó que propuestas como la planteada hoy no saldrán adelante.
La convocatoria mereció también el rechazo de grupos pro inmigrantes como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que señaló en un comunicado que los estados no deberían negar los certificados de nacimiento estándares a algunos de sus residentes.
“La igualdad ante la ley de todos los nacidos en EEUU es uno de los motores centrales de la igualdad que defiende la Constitución”, afirmó Lucas Guttentag, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
Datos
Enmienda. La 14 enmienda de la Constitución estadounidense se adoptó en 1868 y restó validez a un dictamen del Tribunal Supremo de 1857 que sostenía que ni los esclavos liberados ni sus descendientes podrían convertirse en ciudadanos.
Jurisprudencia. La enmienda sostiene que la ciudadanía es aplicable a “todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU y sujetas por lo tanto a la jurisdicción” del país.
La buena onda de Lincoln Chafee
1] El nuevo gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, derogó una orden que reprimía a los indocumentados y ordenó a la policía estatal que ponga fin a un acuerdo que le permite asistir al gobierno federal en la materia. La orden de 2008 obligaba a todos los organismos estatales y contratistas del gobierno a verificar por medio del sistema federal E-verify el estatus inmigratorio de empleados nuevos. También obligaba a la policía estatal a entrar en un acuerdo con las autoridades federales de inmigración.
2] Dos hermanos hispanos de Colorado, veteranos de la Guerra de Vietnam y criados en EEUU, podrán permanecer un año más en este país luego de que un juez decidiera postergar hasta el 2012 la ejecución de la orden de deportación, ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional.
