El gobernador de Caquetá habría sido asesinado
El secretario de Gobierno de Caquetá, Edilberto Ramón Endo, señaló que el cuerpo encontrado sería el del gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar Carvajal. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, había pedido su rescate a las fuerzas armadas."He pedido a las Fuerzas Armadas que haga todos los esfuerzos para rescatar al señor gobernador del Caquetá y a los otros secuestrados que quedan en poder de estos bandidos. Hay que hacer todo el esfuerzo militar y policial para el rescate. No podemos seguir pendiente de los caprichos de los terroristas", dijo el mandatario.
Uribe atribuyó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) el secuestro de Cuéllar, que fue sacado a la fuerza de su vivienda por un grupo de hombres armados, en la ciudad de Florencia, capital de Caquetá.
Las FARC, la principal guerrilla del país, mantiene en su poder a 24 uniformados, sobre dos de los cuales anunció en abril su intención de liberarlos, en tanto que los restantes 22 propone canjearlos por unos 500 rebeldes presos, lo que rechaza Uribe.
"Estos mismos bandidos que se burlan del país, que se consiguen unos apoyos internacionales para tratar de validar su terrorismo en Colombia. Estos mismos bandidos que ofrecieron liberar a (el sargento Pablo Emilio) Moncayo y a otro de los secuestrados y cuando el gobierno ha dado todas las garantías, ha cumplido, entre comillas, todos los requisitos de los terroristas, ahora no los liberan" agregó en alusión al anuncio que las FARC hizo ocho meses atrás.
"Nosotros hemos ofrecido una recompensa de hasta mil millones de pesos (US$ 500.000) a los ciudadanos que nos permitan con su información llegar al sitio donde tienen al gobernador y rescatarlo", añadió al insistir en la recuperación a la fuerza de los secuestrados en poder del grupo guerrillero.
El pedido de rescate de los rehenes se produce en medio de la expectativa que existía por la próxima liberación de Moncayo y el cabo Livio José Martínez, según había anunciado la semana pasada la senadora opositora Piedad Córdoba, a quien las FARC ofrecieron entregarle a los dos uniformados.
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La Cruz Roja advierte de la falta de garantías para recibir a los rehenes en Colombia
1 hora, 40 minutos
Bogotá, 22 dic (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió hoy de que la orden del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de recurrir al rescate militar de los secuestrados por las FARC deja sin garantías de seguridad las gestiones para la anunciada puesta en libertad de dos rehenes de esa guerrilla.
"El CICR considera que, por el momento, no hay garantías de seguridad", dijo a Efe en Bogotá el portavoz de la delegación en el país de ese organismo humanitario, Pascal Jequier.
El portavoz aludió así a la decisión de Uribe de ordenar a las Fuerzas Militares que rescaten al gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, secuestrado anoche, y a las otras personas a las que el grupo insurgente mantiene cautivas.
Cuéllar fue tomado como rehén anoche por presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Florencia, la capital del Caquetá, región selvática a más de 560 kilómetros al suroeste de Bogotá.
En su primera declaración ante el caso, Uribe dijo hoy en la sede de Gobierno en Bogotá que "es la hora de tener firmeza para avanzar en el rescate militar de los secuestrados".
Jequier advirtió de que la postura del presidente hace suponer que "por el momento no hay condiciones" para avanzar en las gestiones tendentes a recibir de las FARC al sargento Pablo Emilio Moncayo y al soldado Josué Daniel Calvo, así como los restos del mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara.
Moncayo está en manos rebeldes desde diciembre de 1997, lo que lo hace uno de los dos rehenes con más tiempo de secuestro, mientras que Calvo, raptado el pasado abril, es el miembro de la fuerza pública de retención más reciente.
Por su parte, Guevara murió de una aparente enfermedad tropical en 2006, ocho años después de ser capturado por las FARC, que lo incluyeron junto con los otros en una lista de secuestrados con fines de canje por medio millar de insurgentes presos.
Las FARC anunciaron el pasado abril su decisión de poner en libertad de manera unilateral a Moncayo y, dos meses más tarde, de entregar también a Calvo, en ambos casos a una misión humanitaria encabezada por la congresista opositora Piedad Córdoba, líder del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP).
En un comunicado divulgado hoy por su servicio de prensa, la legisladora expresó que "prefiere no pronunciarse por el momento" sobre la orden dada por Uribe y que "espera que no se continúe truncando el proceso de liberación de Pablo Emilio Moncayo, de Josué Daniel Calvo y de los demás secuestrados".
En este contexto, el portavoz del CICR aclaró a Efe que el organismo no se retira del proceso con vistas a la prevista misión humanitaria.
"Nosotros seguimos con el proceso y el comité reitera su disposición de actuar como intermediario neutral si las partes concernidas así lo desean", ratificó Jequier.
Asimismo, observó que para llevar a cabo un proceso de liberación el CICR siempre "necesita garantías de seguridad de las partes en conflicto".
BREVE CRONOLOGÍA
(29 de marzo, 2009)
Hallazgo de cadáveresLos indígenas colombianos que salieron esta semana a buscar los cuerpos de sus compañeros ejecutados por las FARC anunciaron ayer que encontraron tres cadáveres. “De acuerdo con las primeras tareas de identificación de las autoridades indígenas al parecer los cuerpos encontrados corresponden a Orlando Taicús, James Taicús y Hugo Taicús, los dos últimos, hijos de Orlando, quienes fueron asesinados por las FARC, en septiembre del año 2008”, informó en un breve comunicado la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Los encontraron en el resguardo Palisito en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. Hasta allí se habían movilizado unos 500 indígenas el lunes pasado para iniciar una búsqueda de los cuerpos. La propia guerrilla reconoció que mató a los ocho indígenas, a los que acusó de ser informantes del ejército. Tanto el gobierno colombiano como las organizaciones de derechos humanos repudiaron la masacre.
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(28 de marzo, 2009)
Emboscada de las FARC
Cinco militares murieron ayer al entrar en un campo minado en un paraje rural del noroeste de Colombia, presuntamente plantado por las FARC. Las explosiones sucedieron cuando los efectivos intentaban desminar la zona, que comprende las localidades de Yarumal y Campamento, en el departamento de Antioquia. En el campo minado murieron dos suboficiales, en tanto que otro falleció cuando era trasladado al hospital. Otros dos soldados murieron en el hospital a causa de las múltiples heridas que recibieron. El problema de las minas antipersonales en Colombia es una de las secuelas más graves de los 60 años de guerra ya que muchos niños, mujeres y campesinos caen presos de ellas todos los días. Según cifras de la ONU, Colombia es el país del mundo con más víctimas por este tipo de armas. Desde 1990, más de seis mil colombianos resultaron heridos por las minas antipersonales.
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(20 de abril, 2009)
ENTREVISTA CON EL EXPERTO EN GUERRILLAS GILLES BATAILLON, SOCIOLOGO Y PROFESOR DE LA EHESS DE PARIS
“Con las FARC, la solución debe ser política”Para el experto francés, las FARC constituyen la más pura expresión de un grupo militar verticalista, pero la solución pasa por negociar un statu quo que les resulte aceptable a los líderes de la guerrilla para poder desmovilizarse.La guerrilla colombiana de las FARC es autoritaria, verticalista y carente de sustento ideológico. Pero la única solución al problema que plantea es la negociación política, dice un experto francés que se ha dedicado su vida a estudiar insurrecciones armadas. De guerrillas y guerras civiles escuchó hablar Gilles Bataillon desde pequeño, cuando vivía en México rodeado de republicanos españoles que contaban sus historias. Hoy el tema aún lo persigue. De paso por Buenos Aires invitado por el Centro Franco Argentino de la UBA, el sociólogo y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Ehess) en París recibió a Página/12 en el bar de un hotel del barrio de Once.
–¿Las FARC colombianas persiguen con su lucha un objetivo de transformación social o lo suyo es una cuestión de mera supervivencia?
–(Cortante) Mera supervivencia. Las FARC constituyen la más pura expresión de un grupo militar verticalista y, por ende, autoritario, que disputa y administra territorios para garantizar las rutas del narcotráfico y sus propias ganancias derivadas de ello, muchas veces hasta en colaboración con los paramilitares. Si en un comienzo tuvieron una base social de apoyo campesino, ésta hoy es meramente coyuntural. Es decir, los campesinos viven una situación de desesperación absoluta en la que responden a quien sea que ocupe militarmente el territorio en el que viven. Ya sea la guerrilla, el ejército o los paras, el único comportamiento posible, y racional, de los campesinos es colaborar, si no quieren ser masacrados por cualquiera de los tres actores armados. En cuanto a los cuadros de la guerrilla, en su mayoría son muchachos que se fueron al monte simplemente como un modus vivendi, para obtener un trabajo remunerado. La figura clásica del guerrillero como cuadro ideológico no existe más en este conflicto. Al menos así lo veo yo.
–¿Por qué otros grupos guerrilleros, como el M-19, se desmovilizaron y las FARC no?
–Por el tamaño de los intereses económicos en juego derivados obviamente del negocio de la droga. Es una estructura muy grande la que está armada.
–¿Cuál es la salida entonces?
–Es evidente que la solución pasará por negociaciones políticas en pos de un statu quo que les resulte aceptable a los líderes de las FARC para poder desmovilizarse. El punto es ver hasta dónde buscará llegar el gobierno con su estrategia de hostigamiento absoluto y, por ende, con qué posición de fuerza puede aspirar la guerrilla a llegar a una mesa de negociaciones. En este sentido, desde la muerte de Marulanda (Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, histórico líder de las FARC) hace un año me parece que hubo más desbandes y desertores que antes. Parecería que se abre una suerte de proceso de fracturas internas, lo que provocaría, claro, que el grupo llegue en peores condiciones a unas eventuales negociaciones.
–¿Cómo explicaría usted la política de las liberaciones unilaterales de rehenes llevada a cabo en los últimos tiempos por la guerrilla?
–Justamente como un medio para tratar de salvaguardar cierta imagen frente a futuras negociaciones. Fíjese usted qué paradoja. Por un lado, los testimonios que brindan los liberados son terribles, con sus relatos de haber pasado años en la selva, muchas veces hasta encerrados en jaulas con cadenas y grilletes en pies y manos. Sería difícil imaginarse una peor publicidad para la guerrilla. Pero por otro lado es la única cara amable que pueden mostrar para tratar, eventualmente, de llegar mejor parados a esa mesa de negociaciones. Esta gente aparece ante la opinión pública mundial sobre todo bajo dos prismas. Como narcos y como verdugos y carceleros para con sus rehenes. Las liberaciones unilaterales son las únicas acciones que pueden realizar que los coloca en otro plano.
–¿Puede expandirse el conflicto a través de las fronteras hacia países como Ecuador o Venezuela? ¿Les interesa esto a las FARC?
–Mire, la permeabilidad en estas fronteras que usted menciona, de hecho, existe. No sé si les conviene a las FARC involucrar a líderes como Chávez o Correa en el conflicto, lo que sí le puedo decir es que no sería del interés de ninguno de estos dos presidentes verse atrapados en el escenario colombiano. Lo último que necesita Chávez es aparecer como el defensor de las FARC.
Entrevista: Martín Suaya.
(18 de abril, 2009)
INFORME DE LA CRUZ ROJA SOBRE LA VIOLENCIA EN EL PAIS
La dura vida del civil en Colombia
menos 300 civiles fueron ejecutados en Colombia el año pasado. Más de 200 fueron atacados por las guerrillas o los paramilitares, casi 300 desaparecieron y más de 80 familias tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio en las ciudades para escapar del fuego cruzado entre los grupos armados y las fuerzas armadas colombianas. Las cifras fueron difundidas esta semana por la misión de la Cruz Roja Internacional (CICR) en Bogotá. “Desgraciadamente demasiados civiles siguen siendo el blanco de los portadores de armas en Colombia”, advirtió Christophe Beney, jefe de la delegación.
Según relata el informe, durante 2008, miles de familias de las zonas rurales se vieron obligadas a abandonar su casa y todas sus pertenencias para salvar sus vidas. En la mayoría de los casos el gobierno no les provee ninguna asistencia o, en los casos en que sí lo hace, es insuficiente. Los que no se animan a escapar por las fronteras a Ecuador y Venezuela –zonas en pleno conflicto entre el ejército, los guerrilleros y los paramilitares– buscan sobrevivir en los suburbios más pobres de las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín o Cali.
La vida en las barriadas no es fácil. No sólo deben insertarse en un contexto social totalmente desconocido, sin vínculos familiares ni amistades, sino que la discriminación es muy fuerte. Según las cifras de la ONG, cerca de un cuarto de los desplazados son miembros de las dos principales minorías étnicas del país, los indígenas y los descendientes de africanos. El mes pasado la mayor organización indígena del país lanzó una búsqueda para recuperar el cuerpo de ocho de sus miembros, que fueron ejecutados por las FARC.
“Dejé mi campo hace dos años, porque no quería cooperar con el grupo armado que controlaba nuestro pueblo”, contó Abelardo Antonio del departamento de Putumayo. En Nariño, a unos kilómetros de allí, la situación es igual según le relató Ignacia María a la ONG. “Diferentes grupos armados pasan por nuestra aldea; cuando algunos deciden quedarse una noche, nos da mucho miedo, y no sé qué hacer para proteger a mis hermanas”, explicó.
Además de denunciar la creciente violencia en Colombia, la Cruz Roja viene advirtiendo hace años el desamparo total en el que vive millones de desplazados. “Es preocupante también que el 50 por ciento de las personas que reciben ayuda del CICR son niños y adolescentes y que en el 20 por ciento de los hogares, el único sostén de la familia es la madre. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la explotación y a los abusos sexuales cuando se ven forzados al desplazamiento”, señaló el informe.
Dos de cada tres personas desplazadas que reciben ayuda del CICR aseguraron haber recibido amenazas de muerte, y una de cada diez fue amenazada de ser reclutada a la fuerza por uno de los grupos armados ilegales.
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(26 de marzo, 2009)
PARTIO UNA MARCHA HUMANITARIA CONTRA LAS FARC EN COLOMBIA
Los indios dijeron “minga”
El asesor de Paz de Nariño, Xabier Hernández Buelvas, le contó a Página/12 los detalles sobre la marcha de los indígenas que se internaron en la selva en una especie de misión humanitaria popular que en Colombia se conoce como “minga”.Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellín
Desde el lunes, centenares de indígenas Awá se internan en las selvas de Nariño para rescatar los cuerpos de 17 miembros de su comunidad ejecutados por la guerrilla de las FARC hace un mes y medio. Nadie ha llegado a la zona desde que las autoridades locales denunciaron la masacre y el grupo rebelde se adjudicó las muertes, aduciendo que se trataba de colaboradores del ejército. El gobierno colombiano se negó a enviar a las instituciones judiciales para sacar los cadáveres y por eso el mismo pueblo indígena marchó hasta el Resguardo Awá de Tortugaña - Telembi, en el municipio de Barbacoas, departamento (provincia) de Nariño, fronterizo con Ecuador, que está a unos 250 kilómetros de la capital, Pasto.
Antes de partir, el asesor de Paz de Nariño, Xabier Hernández Buelvas, le contó a Página/12 los detalles sobre la marcha, una especie de misión humanitaria popular que en Colombia se conoce como “minga”, que espera regresar en una semana, y las difíciles condiciones de seguridad y soledad en las que avanza.
–¿Cuándo y para qué partió la minga indígena?
–La minga se da a raíz de una situación muy trágica de violación de derechos humanos, la masacre de las FARC contra 17 indígenas. El lunes 23 de marzo iniciaron la búsqueda. Estuvimos reunidos en Buenavista (corregimiento de Barbacoas) y de allí partieron 250 indígenas, hombres mayores de edad y mujeres sin familia. En vista de que el Estado no pudo ingresar al territorio con sus instituciones como Fiscalía o policía judicial, las autoridades indígenas decidieron ir ellas mismas y convocaron esta marcha. Se trata de un acto de reafirmación de soberanía de los pueblos indígenas sobre el territorio. Les están mostrando a los actores armados su decisión de no aceptar que se tomen sus tierras con la guerra. Y se trata, por supuesto, de intentar recuperar los cuerpos que se encuentran todavía en el sitio de los hechos, aunque es una cuestión muy difícil de cumplir por el tiempo que ha pasado tras la masacre y porque algunos pudieron ser lanzados a los ríos de la zona.
–¿Cuáles son las condiciones de seguridad y quiénes acompañan la marcha?
–Estamos muy preocupados por el tema de las minas antipersonales que siembran las FARC, el ELN y los paramilitares en el territorio como estrategia de defensa. Los indígenas que son del resguardo son los que conocen los caminos que no están minados, pero el riesgo es muy alto. Ellos van con dos defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo y nadie más. En Buenavista, ayer (por el lunes) encontramos una presencia muy alta del ejército, de la Brigada 23, y con ellos sostuvimos una conversación para brindarle seguridad a la marcha. Pero las autoridades indígenas sólo aceptaron su presencia hasta un punto cercano a Buenavista. De ahí en adelante la suerte de la minga es incierta. Se trata de un territorio muy complejo, de mucha movilidad de los grupos de confrontación armados, en medio del cual queda la población indígena.
–¿Algunas familias desplazadas a raíz de la masacre estarían tratando de retornar a sus tierras con la marcha?
–Efectivamente hay personas del grupo de desplazados, que fueron 289, que están participando en la minga. Esto indudablemente va a permitir también que algunas de las familias desplazadas puedan constatar el estado actual de sus chagras (casas), que son las fincas de ellos. Esos desplazamientos ocurrieron el 4 de febrero, día de la masacre, y hoy son 187 apenas los indígenas que quedan en el albergue. Ha habido un proceso de retorno voluntario, gota a gota, porque ellos están acostumbrados a moverse diariamente por la selva, a cazar, a recoger frutos, y esconderlos en un salón no es coherente con su cultura.
–No es la primera vez que al pueblo indígena se le violan los derechos y se lo abandona a su suerte. ¿Cuál es el trasfondo de la marcha?
–Es una situación de una ausencia histórica del Estado en materia de inversión social, de salud, de educación. El desarrollo económico de la región es muy precario. En los últimos quince años la presencia del Estado ha sido a través de una acción militar permanente. Es una zona donde las necesidades básicas insatisfechas están por encima del 80 por ciento, hay una concentración de pobreza extrema. Es una zona con unos niveles de subdesarrollo sorprendentes con un retraso, con respecto al resto del país, de cuarenta años. En el resguardo de Tortugaña, El Sande y Guachavezcho estamos hablando, por ejemplo, de 3500 niños por fuera del sistema educativo. Allá no hay escuelas, no hay nada.
Es una situación que se agrava en la medida que la región contiene muchas riquezas naturales, mucho oro –no se ha explotado siquiera el 3 por ciento–, se habla de grandes yacimientos de uranio en la región, y se trata de una zona con las mayores fuentes de agua de Colombia y el continente. Además, es una zona con condiciones muy propicias para la movilidad de la pasta de coca y de armas, aprovechando la costa litoral del Pacífico.
–¿Cuál es el llamado a los grupos armados que tienen presencia en la zona por donde pasa la minga, y a la fuerza pública?
–Exigimos respeto al derecho internacional humanitario, que es lo más importante en estas situaciones. Quisiéramos que el conflicto finalizara, pero sabemos que hay un proceso fuerte, entonces pedimos que se respeten las reglas de la guerra y que a la población civil se le tenga respeto como no combatiente. Igual, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana, que se ha excedido en sus acciones contra las poblaciones indígenas, para que actúe y haga control en la zona contra los grupos paramilitares denominados Los Rastrojos, que también tienen presencia en la región.
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